El escenario:
Allá por 2003, cuando España “iba bien”, la familia Tararí decidió
que había llegado el momento de comprar su casa. Para más señas él,
funcionario, con el salario congelado como ya había ordenado la superioridad
por aquel entonces. Ella, oficinista en una inmobiliaria de aquellas que habían
crecido como las setas en cualquier esquina, en cualquier barrio de cualquier
ciudad de España por pequeña que fuera. Obnubilados por toda la parafernalia
mediática de las entidades financieras, la radio, la televisión…, allá se
presentaron el Sr. y la Sra. Tararí en la oficina de una Caja de Ahorros
cualquiera que le ofrecieron, no solo cuanto quisieron, sino “hasta el infinito
y más allá”. De allí salieron el matrimonio Tararí con su hipoteca bajo el
brazo, su nuevo y flamante coche, su adosado del todo amueblado… y, cómo no, con
uno de su sueldos embargados casi de por vida. Hoy, casi diez años más tarde y
dos hijos de por medio, el Sr. Tararí sigue percibiendo el mismo salario
real de por aquel entonces –“como
Dios manda”-, mientras su esposa anda colocando su currículum por donde puede
después de que hace tiempo se le acabará el seguro de desempleo y el subsidio
este dando sus últimas bocanadas. Al matrimonio Tararí, que tanto abundaba por
aquella opulenta España, solo le quedan unos cuantos muros de ladrillo, unos
padres a quienes difícilmente recurrir y un futuro embargado para si y para sus
hijos. Mientras, cada mes de forma inapelable, cae sobre sus cabezas el recibo
de una hipoteca que dobla el valor real de la vivienda que, por desgracia, una
década antes les enamoró.
Esta, más o menos, es la puesta en escena que podríamos
hacer de millones de familias inmoladas
por una crisis de cuya responsabilidad solo puede achacársele en una mínima
parte a las mismas, cuando del otro lado se encontraban los auténticos eruditos
en la materia, la banca, y junto a esta quienes debían supervisar y ejercer un
mínimo control sobre sus actividades, los
políticos. Pero, por desgracia, la
solución que esta última rebufa una y otra vez, tras el estallido de las
burbujas financieras e inmobiliarias como si de un mantra se tratase, es que
sean todas sus víctimas, es decir las clases medias y trabajadoras quienes
paguen los desatinos causados por la avaricia y codicia sin límites de unos
pocos, los banqueros, mientras los responsables de su supervisión, esa misma
casta política, les alentaba y miraba hacia otro lado.
Para colmo y después de haber llevado a la ruina tantas y
tantas familias, los
salarios de los grandes ejecutivos siguen en aumento galopando a lomos de
la crisis a pesar incluso de la depreciación de sus empresas. En el mundo de la
política numerosas instituciones como el
senado, cementerio de elefantes, o las diputaciones
provinciales, sin sentido alguno tras la España de las autonomías, persisten
sin justificación alguna, tanto que nadie se percibiría de su desaparición dado
el caso. Por cierto unas malas entendidas autonomías a medio camino entre un
estado federal y centralista que lo que mejor depara es una innumerable serie
de duplicidades que, además de
representar unos
costes disparatados para los ciudadanos complican sine die las relaciones
de esa misma ciudadanía para con las diferentes administraciones públicas.
Acorralados pues por una pésima e incalificable gestión de los recursos
públicos, independientemente del color del gestor que se trate, estos mismos
políticos siguen revolviéndose cual gato panza arriba, llenando su boca de
reproches a la otra parte pero sin aportar soluciones reales y, menos aún,
entonando el mea culpa que, al menos, sirviera para en algo dignificarles. Sin
duda, en una manifestación más de que su distanciamiento de la realidad social
de sus conciudadanos es tan grande que
hace tiempo que perdieron cualquier noción sensata de la misma.
Ahora en el colmo de los desmanes, cuando aquellos mismos
que obtuvieron cientos o miles de millones de ganancias -con unos cuerpos
directivos que han pasado de la nada al todo en un suspiro, especialmente
en las que otrora se denominaran Monte de Piedad y Caja General de Ahorros-,
gracias a la vanidosa ingenuidad de los más humildes a los que han acabado
sumiendo en las peores de sus miserias, cuando ven como disminuyen sus atiborradas
carteras acuden en oleada a “papa estado” para que les solucione la papeleta y
vuelva a llenar sus arcas. Y este, representado una vez más en una cada vez más
recalcitrante clase política cual estómago agradecido, está dispuesto a postrar
un país entero para llenarle los bolsillos a aquellos mismos que lo hundieron.
20.000 millones de euros para rescatar Bankia –más de lo que
había pensado para el conjunto de la banca el gobierno-, es el resultado final
de Caja Madrid, la Caja de Esperanza Aguirre, la lideresa, que quiso llevarla a
lo más alto empeñada en desafiar a su homóloga catalana, nada menos que un coloso,
al menos por el momento, como La Caixa. Para la que contó en su ocaso final, a
un más que defenestrado ya Rodrigo Rato del que solo queda resumir su biografía
como la del ministro que se inventó la mayor burbuja financiera e inmobiliaria
de la historia de España, salió
corriendo del FMI, a mediados de 2007, cuando las cosas empezaron a
complicarse más de lo debido y ahora de ese gigante con pies de barro en lo que
se había convertido Bankia, aunque, eso sí, con
su indemnización correspondiente.
El naufragio de España, acompañada por sus adláteres de la
Unión Europea, parece tarea terca e inevitable propiciada por unos políticos
que no ven más allá de sus propias narices y en todo caso, de las de que les
financian y les bendicen, por lo que de no mediar ya una clara y directa
intervención del pueblo, salvando las distancias Islandia
podría ser el mejor ejemplo de ello, el
futuro de lo que un día se llamó adalid de la civilización occidental, Europa,
parece cada día más perdido en las sombras.








