El copago sanitario, de la dependencia, de…

Es indudable que sostener el Estado del Bienestar tiene un coste muy importante dentro de las partidas que ha de aportar el estado en aras del bien común. Más aún, el desembolso será mayor si en el caso de España está aún pendiente de desarrollarse lo suficiente para estar al mismo nivel que la media europea –contando como tal la de los 15 países de similar desarrollo de la U.E.- y  tiene además la obligatoria necesidad en justicia de hacerlo. Como hemos comentado en otras ocasiones, las causas de este subdesarrollo responden tanto a la inmadurez del mismo, consecuencia de casi cuatro décadas de dictadura franquista y la irrupción de la teoría neoliberal como abanderada de la clase política en la segunda mitad de los 90.

Ahora, el desafío de la crisis y la ortodoxia liberal fundamentada en ese tan manido “pensamiento único” que inunda toda la esfera europea, entiende que solo “(…) reduciendo el gasto público a su mínima expresión se acabará generando la confianza necesaria en los mercados financieros para permitir que el crédito fluya de nuevo lo que, espontáneamente, supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo -a tutiplén, aunque nadie sepa ni como, ni cuando, ni donde-, que acabarán promoviendo el consumo necesario para relanzar la economía indefinidamente (…)”. Para acabar todos “felices y comiendo muchas perdices” que es como, más o menos, repite una y otra vez ese dogmatismo de las clases políticas dirigentes en todo el continente y, particularmente, en la española del Partido Popular que, enfundado en dicha ortodoxia, está tomando las medidas precisas en esa misma dirección, desde su reciente llegada al gobierno.

En consecuencia a esto y como ya se ha propuesto en Cataluña por sus correligionarios de CiU, entre otras muchas cosas, se está promoviendo el copago en los servicios públicos de salud. Bien sea por las recetas,  las medicinas, las consultas o, en general en los servicios que así se considere. A pesar de que los resultados que tal medida genera no parezca dar los resultados previstos, según manifiesta la OCU, en los países donde se ha puesto en marcha, esto podría llegar incluso a ser asumible -según las condiciones y en los casos que se tratara-, por el general de la ciudadanía, pero sin duda más por cuestiones demográficas que por necesidades de hecho de sustentación del sistema tal como se está diciendo.

En España se dice de su sistema sanitario que es uno de los más avanzados de Europa para lo que se suele poner como ejemplo el enorme gasto farmacéutico de la sanidad pública en relación al del resto de los países de su entorno. Lo que no se dice es que España es uno de los países donde la industria farmacéutica tiene más influencia en el Estado y, en consecuencia, se impide la proliferación de los medicamentos genéricos, de coste más bajo, en la misma medida que en el resto de la U.E. Mientras en Europa la media de consumo de genéricos es del 40 % en nuestro país gira solo alrededor del 25 %. Tampoco se dice, sino más bien todo lo contrario insistiendo una y otra vez que el gasto sanitario total es excesivo,  que España está también por debajo de la media europea en este aspecto, aportando solo un 6.5 % del PIB en sanidad pública, mientras la media de la citada U.E.-15 es del 7.3 %.  Sin embargo la deriva mediática, que de forma machacona repite continuamente el uso y abuso que se hace de la sanidad pública particularmente en lo que se conoce como atención primaria y los servicios de urgencia, está haciendo que una parte de la población empiece asumir disparates como los que se dan en EE.UU. donde un porcentaje sin determinar de la misma es capaz de aceptar, sin ningún tipo de resquemor, que si una persona enferma no tiene recursos suficientes para satisfacer una aseguradora médica privada, debe resignarse a morir antes que disponer de un sistema sanitario público universal.

En el mismo caso aparece uno de los baluartes más importantes del Estado del Bienestar y que no llegó a nuestro país hasta el año 2006 -28 años después de la aprobación de la Constitución-, como lo es la Ley de la dependencia que presupone una cuestión básica para la sociedad como es el cuidado y la atención de nuestros mayores y discapacitados.  Máxime cuando la calidad de vida lograda a lo largo de las últimas décadas ha supuesto una mayor prolongación de la esperanza de vida, lo que añadido a la lógica evolución de la sociedad precisa un mayor grado de atención y servicios para con los mayores. Durante la época franquista, consecuencia del pensamiento nacional-católico, se había venido educando a la mujer en la idea de que, una vez llegada al matrimonio, su primera prioridad era el cuidado tanto de sus padres como los de su esposo, además de los de sus hijos, por lo que su desarrollo personal y profesional quedaba relegado a un segundo plano.  Aunque la llegada de la democracia supuso la incorporación de pleno derecho de la mujer a la vida laboral y profesional lo que favoreció un mayor y mejor desarrollo de la sociedad en general, sin embargo la administración del estado no contempló  del mismo modo las peripecias que quedaban por delante a una tercera edad que quedaba supeditada a unos ingresos por pensiones que rozaban y lo siguen haciendo, en muchos casos, el umbral de la miseria.

España precisa de forma absolutamente perentoria la creación de los servicios públicos suficientes para, por una parte, facilitar la vida de nuestros progenitores una vez alcanzado su retiro y, por otra evitar su muerte precoz por la falta de atención necesaria. Por tanto no puede ser asumible un deterioro de esa atención, como ha propuesto el nuevo gobierno,  por cuánto ya de por si esta es a todas luces insuficiente. Todos tenemos o conocemos a algún mayor –o minusválido-, cercano que se encuentra a la espera de obtener plaza en alguna residencia de carácter público–lo que puede alargarse por años mientras que las privadas resultan inasumibles para la inmensa mayoría de pensionistas-, o tener algún tipo de ayuda suficiente que le permita afrontar su vida de forma decorosa y digna. A España le queda un largo  camino por recorrer en cuanto a la calidad de vida de sus conciudadanos conforme a la evidencia y a los datos que obran en manos de la propia U.E. y no es posible propiciar sensibles medidas de austeridad en este sentido.

Por tanto, no es posible asumir que los recortes lleguen a demandas como estas cuando ni siquiera se ha alcanzado el desarrollo necesario para cubrir las necesidades de una parte muy importante de la población. A lo largo de todos estos años de democracia no se ha prestado la atención suficiente a ello ni se han desplegado los medios para poder dar una acertada respuesta a todas estas labores sociales, tanto es así, que tampoco parece haberse planteado hasta el momento que si se generaran recursos suficientes y se aprovecharan los mismos con la eficiencia debida, la cifra de personas ocupadas en estos campos serían inestimables y ayudarían a hacer descender de forma cuantitativa y cualitativa las alarmantes cifras del paro. 

Escultura de Carlos Fabra y el aeropuerto de Castellón

Como decíamos con anterioridad en este mismo artículo, en la tesitura actual, ciertos costes podrían ser asumibles por la ciudadanía en estos ámbitos pero nunca antes de que la tijera de los recortes pasara primero por otros, mucho más reprochables o que se han demostrado serlo y en ciertas remuneraciones públicas fuera absolutamente del sentido común.  La lista sería interminable desde la eliminación del Senado o las Diputaciones Provinciales  -instituciones ambas que han quedado obsoletas en el organigrama del estado y solo son un reducto de “jubilaciones anticipadas” de acólitos de la clase política y favores prestados-, hasta la exigencia debida a las grandes fortunas y las grandes empresas de su justo aporte a la nación española a través de una fiscalización acorde a sus resultados en ecuánime consonancia con el resto de los ciudadanos y acabando así con la permisividad existente con las mismas en base a unas premisas que han resultado absolutamente fallidas. Y pasando, aunque sea por decencia, por la eliminación de remuneraciones de auténtico espasmo para con la clase política como los de la Sra. Cospedal que, como presidenta de Castilla la Mancha y, pluriempleada, como Secretaria General del PP –no deben ser tan importantes los problemas castellano-manchegos que puede prescindir de tiempo suficiente en su cargo para atender su destino en el partido-, por lo que recibe unas retribuciones alrededor de los 250.000 € anuales. O esos sueldos vitalicios de antiguos cargos de la administración como los casos de José Mª. Aznar o Felipe González que gracias a sus enormes privilegios perciben además onerosas gratificaciones por sus ocupaciones en empresas privadas. O por no citar también los extraordinarios dispendios en cualquier tipo de acto público, inauguraciones, presentaciones, reuniones, convenciones, congresos y un sinfín de etcéteras.

Así podríamos extendernos hasta alargar este artículo de forma casi indefinida con multitud de excesos que están presentes a diario en la clase política dirigente y son de sobra conocidos por la opinión pública. Lo que viene a hacer todavía más lamentable que toda la culpa de los que provocaron esta crisis y de los políticos que desde hace muchos años lo venían permitiendo, tenga que recaer ahora en quienes la sufren cada día: la inmensa mayoría de los ciudadanos.