España, ¿paraíso fiscal para las grandes empresas?

En buena parte de la población española, casi con toda probabilidad fruto del interés partidista de determinados grupos mediáticos y los que es peor aún con miras poco menos que a ideologizar a la misma, ha calado la idea de que 17 Comunidades Autónomas, el desarrollo del Estado del Bienestar, sus servicios y prestaciones sociales, y el exceso de infraestructuras públicas son en buena parte culpables de la crisis actual que asola a España desde hace ya casi 6 años y especialmente causantes del tan manoseado déficit público.

Si bien es cierto que el desarrollo autonómico podía haberse ejecutado de mucha mejor manera y que la megalomanía de la casta que ha regido la política española desde finales del siglo pasado ha despilfarrado ingentes cantidades de dinero en mega-estructuras , muchas de ellas lejos del más puro sentido común (aeropuertos, líneas de alta velocidad o palacios feriales y de congresos a tutiplén, entre otras), en cualquier caso no es aquí donde radica el verdadero problema del déficit público español. Menos aún venir a culpabilizar el desarrollo del Estado del Bienestar ya que el mismo no empezó a extenderse en España más de dos décadas después de que lo hiciera en los países de su entorno, por lo que resulta más que obvio y los datos y cifras son harto elocuentes si nos comparamos  con cualquier vecino allende de los Pirineos con nuestro nivel de desarrollo, que aún nos queda mucho por rodar en ese sentido.

España, a pesar de todos sus dislates en esa década de locura descomunal  1998-2008 con esas suntuosas, desproporcionadas e inútiles súper-infraestructuras, sigue teniendo un gasto público/habitante por debajo de la media europea y por supuesto muy lejos de Francia, Reino Unido, Suecia, etc. Otra cosa muy distinta es que este haya aumentado de forma considerable a costa de la crisis pero ello ha sido consecuencia del aumento de prestaciones sociales derivadas de una elevadísima tasa de desempleo. Aún así y según los datos publicados recientemente correspondientes a 2012, dicho déficit seguiría estando por debajo de la media, alrededor del 47 % del PIB/hab.   Donde, verdaderamente, se produce un déficit significativo en nuestro país con respecto a su entorno es en la diferencia porcentual entre ingresos y gastos. O lo que es lo mismo, España ha venido funcionando, en la práctica, como un paraíso fiscal desde la época franquista para las grandes empresas, por lo que el problema de las administraciones públicas, que viene arrastrando desde entonces, es su bajo nivel de ingresos procedente tanto de las grandes empresas, sociedades, grandes capitales, etc. y que se ha pretendido amortizar gravando sobremanera las rentas procedentes del trabajo. Lo que, a la vez de resultar un fracaso, presenta un claro agravio comparativo que se ha acabado traduciendo en enormes desequilibrios entre lo que aporta al bien común en especial la clase media, en comparación con las clases altas.

Lo que, por otra parte, encaja de lleno en la teoría liberal en lo que se refiere a la libertad individual y la capacidad y solvencia de cada persona para valerse por sí misma de todas sus necesidades sin la ayuda del estado. O lo que es lo mismo, también desde ese punto de vista ¿por qué habrá de aportar aquel que no usa de los recursos del estado para que se beneficien otros que sí precisan de los mismos, aunque estos últimos no puedan hacerlo? Por muy cruel que esto parezca, ese es el pilar fundamental del modelo capitalista, la fisiocracia. Lástima que sus fundadores, allá en la Francia del SXVIII, no se acordaran de la vanidad, la avaricia y la codicia humanas al entender la economía del mismo modo que las leyes que rigen la naturaleza.

Cómo aún no parecía suficiente, con la llegada de la horda neoliberal a mediados de los 90 y el estallido de la crisis en 2007/08, Pedro Solbes –un liberal vestido de socialdemócrata-, dispuesto a darlo todo en su errónea idea –eso sí, por entero fiel al mismo modelo-, de que “a menos gravamen”, más inversión en España, lo que aportaría una suma final de riqueza para todos, volvió a rizar el rizo en su reentré como ministro del gobierno Zapatero, promoviendo mayores deducciones a estos grandes grupos empresariales. Desgraciada idea ya que, una vez más y como demuestra la historia desde la profundidad de los tiempos, esto no ha servido de nada, solo para que las grandes fortunas de este país no crearan puestos de trabajo, los pocos que crearon fueran y son cada vez más precarios, para acabar, en numerosos casos, desmontando la poca industria transformadora y manufacturera existente para llevársela a otras regiones del mundo donde contar con trabajadores en régimen de semi-esclavitud. Mientras, a través del Impuesto de Sociedades, solo aportaban el 3.5 % de su beneficio al bien común de este país.

Sí sí, ha leído bien, el 3.5 % de su beneficio fue lo que aportaron los grandes grupos empresariales que controlan la economía española y copan el Ibex-35 por sus resultados del ejercicio 2011. El gobierno del PP dándose cuenta de esto ha conseguido revertir en algo la situación para que este año, las mismas, hayan aportado por el mismo concepto, su mayor carga fiscal de la historia por ello, nada más y nada menos que…  el 12.5 %.  Poco más de la línea habitual salvo el citado ejercício 2011. Todo un éxito, si no fuera por qué el tipo para este impuesto en España es del… ¡¡30 %!! Y que para más sorna está por encima de la media europea. Pero que, a su vez, es víctima de las enormes desgravaciones, amén de otras triquiñuelas legales, que expertos asesores ponen en marcha para evitar mayores cargas, según fuentes del propio Ministerio de Hacienda, sobre las grandes compañías.

Vamos, en definitiva, que si hiciéramos pagar a las grandes empresas lo que debería corresponderles y el gasto público fuera, como poco, eficiente tendríamos un país con infinitamente mejores servicios, mucho menos paro y con una mucha mayor capacidad de respuesta ante una crisis de la profundidad y dimensiones de esta.