De la patada en la puerta a la patada en la boca.

Haciendo abstracción de las leyes afectas al “derecho de reunión” de la época franquista, inspiradas en un Decreto de la Vicepresidencia del Gobierno de 2 de Marzo de 1938 que se modularía posteriormente en la Ley de Orden Público 45/1959 de 30 de Julio que, en la práctica, prohibía el uso público del mismo quedando este circunscrito a las acciones de propaganda promovidas por el régimen, no sería hasta después de la muerte del General Franco cuando, aún en su ejercicio como presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, el 29 de Mayo de 1976 quedaba aprobada la Ley 17/76 que iniciaría el camino para la implantación del citado derecho de reunión y manifestación en el pueblo español.

Posteriormente, será el artículo 21 de la Constitución de 1978 el que “reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”  y que “en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Así, tras los avatares de la Transición Española, con sus numerosos impedimentos a costa de los diversos intentos de asonadas militares llevadas a cabo con mayor o menor repercusión, hubo que esperar hasta la llegada del  gobierno de Felipe González para que, a través de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de Julio se regulara “el núcleo esencial del derecho de reunión, ajustándolo a los preceptos de la Constitución”. Es significativo recordar también que ya esta Ley en su artículo 3º. recogía que ”ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización” y que, además, “la autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho”, ahora que, precisamente 30 años más tarde, es el propio gobierno actual  quien pretende restringirlo.

Ente medias, el 21 de Febrero de 1992, también bajo el mandato del presidente González, se promulgaba la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por el apellido de su valedor el Ministro de Interior José Luis Corcuera aunque popularmente se le acabaría reconociendo por el de la “ley de la patada en la puerta”.  Aunque no podría considerársele específicamente dentro del ámbito a que se refiere este artículo sí que ha que ha servido como elemento inspirador para el título que hemos querido dar al mismo por cuanto podemos ver a través de este cómo, aún dentro de un régimen considerado democrático, puede el ejecutivo poner en entredicho los derechos más básicos y fundamentales. De este modo el Tribunal Constitucional acabaría derogando buena parte del artículo 21 de dicha ley en el que se decía que “será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito”. Nunca sabremos si el ministro pretendía de forma tan flagrante vulnerar derechos fundamentales o pretendía hacerse de buena parte del clamor ciudadano contra esa lacra que supone el mundo de las drogas pero la realidad objetiva y sobre todo, el derecho legal, vino a demostrar el error mayúsculo con que se había pronunciado la norma.

Ahora, por circunstancias absolutamente distintas y cuando buena parte de la sociedad se haya sufriendo  las consecuencias de una crisis -como atestiguan toda una concurrencia de datos auténticamente aterradores vistos desde cualquier perspectiva de índole humana y social-, que, para colmo, son en buena parte reprochables al gobierno actual, este pretende evitar que el pueblo pueda ejercer, al menos, su derecho al pataleo frente a las instituciones verdaderamente responsables de la misma.

Máxime cuando, en primer lugar fueron los gobiernos inmediatamente anteriores, de José Mª. Aznar y José L. Rodríguez Zapatero, los que actuaron como adalides  de verdaderos despropósitos en materia económica permitiendo a las grandes corporaciones industriales y financieras toda clase de artimañas para construir un monstruoso castillo de naipes que, al primer viento de cambio, se desmoronaría inevitablemente arrastrando tras de sí a millones de familias dejándolas en la ruina, mientras  los artífices del mismo amasaban gigantescas fortunas.

En segundo por la negligencia del gobierno Zapatero por no querer ver como ese mismo castillo se desmoronaba bajo sus pies cuando un año antes ya lo venía haciendo en la mayoría de los países occidentales que se habían decantado por el mismo modelo económico y no haber evitado así males mayores. Y por último por el gobierno actual, el del presidente Rajoy, un hombre con una experiencia política fuera de toda duda y con su partido rigiendo el destino de buena parte de las Comunidades Autónomas españolas desde mucho tiempo antes de su regreso al gobierno, -lo que no puede hacer creíble que desconociera la realidad de la situación-, por haber alcanzado el poder con un disfraz de programa político que solo ha conducido a empeorar aún más la realidad de la mayor parte de la población y beneficiar aún más -como avalan los datos-, a la clase dominante.

Este es el escenario real, con un futuro más que incierto como refleja el día a día, lejos de esos nuevos “brotes verdes” que, a modo de propaganda, se jacta esa misma plutocracia dominante amparada en datos macroeconómicos que en nada o casi nada afectan al común de los ciudadanos o que, en el mejor de los casos, quedan tan lejos de hacerlo, que no pueden servir ni de alivio ni de consuelo a sus maltrechas vidas.  

Sería difícil entonces no actuar de agoreros cuando vemos como están retrocediendo derechos tan sufridamente logrados en las últimas décadas, por mucho que no hayan podido materializarse de lleno fruto de una democracia todavía excesivamente joven con respecto a nuestros vecinos allende de los Pirineos. Pero si ya es la misma libertad la que se cuestiona, de no mediar la actuación directa del pueblo para impedirlo, difícilmente podremos esperar nada mejor de nuestro futuro y el de nuestros hijos.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. (Miguel de Cervantes)