¿Qué hemos hecho para merecer esto?

Al margen de los dimes y diretes de la moción de censura presentada por Podemos de la que tanto se habla estos días, la visión más objetiva del asunto es que la situación actual del Partido Popular es insostenible. Sin el menor género de dudas en ninguna democracia avanzada un partido político en sus circunstancias actuales podría mantenerse un minuto más en el gobierno.  Hasta el mismísimo Richard Nixon fue destituido por unas escuchas ilegales al partido rival, poco más que “un quítame allá esas pajas”, comparado con los delitos que se dirimen por estas lides contra el mismo.

Sí muchos entendemos que el presidente del gobierno y presidente del partido, durante años vicesecretario general del mismo y director de varias de sus campañas electorales en el momento más álgido de buena parte de los delitos que se le imputan, debería haber dimitido hace ya mucho tiempo, a estas alturas del metraje, no cabe otra cosa que exigirle que presente su dimisión ante el rey, convocar nuevas elecciones y pasar de manera definitiva al ostracismo político. Aunque sea solo por negligencia, si en verdad desconocía –algo que parece imposible dadas sus dimensiones-, toda una trama urdida desde hace décadas en las esferas más altas de su propio partido. Por su parte, del PP solo quedaría una nueva refundación, la desaparición de toda su cúpula, sus máximos responsables y todos aquellos que de manera más o menos próxima a sus círculos de poder hayan ostentado cierta representatividad. Dicho de otro modo, si no su desaparición de facto, sí que iniciar toda una travesía del desierto por respeto a todos los ciudadanos de este país y de manera muy especial a sus propios votantes. No en vano, su renovada nueva “marca blanca”, Ciudadanos, no cesa de dar pasos a la espera del colapso de los populares.

Ya no valen excusas. Ya no vale el “y tú más”, tantas veces argüido. Ni escudarse en las barrabasadas del PSOE en Andalucía, los desfalcos de la familia Puyol en Cataluña y menos aún en unas cuantas excepciones de las fuerzas políticas más recientes. Todo ello en un intento desesperado por hacer parecer a “todos iguales”, pretendiendo así colocar a todo el espectro político en su misma órbita de forma torticera y poniéndose de este modo al resguardo sus miserias ante el común de la ciudadanía. Aunque nunca un tribunal admitiera como defensa de un ladrón poner en valor al resto de ladrones.

El Partido Popular tiene imputados por la justicia a todos sus tesoreros –a excepción de Romay Beccaría-, desde  1982. Desde los tiempos de Alianza Popular, por lo que a la vista de los hechos podría decirse que el Partido Popular, muy al contrario de cómo ha afirmado su actual presidente calificando los mismos como “algunos casos aislados”, sería una estructura diseñada desde el primer momento para delinquir, con el objeto de extorsionar a empresas para financiar el partido y arbitrar la percepción fraudulenta de emolumentos de sus responsables al objeto de maniatar el silencio de cada uno de los mismos. Al final, resultó que en la famosa libreta de Luís Bárcenas, de la que el presidente Rajoy afirmó que “todo es falso salvo alguna cosa”, todas aquellas anotaciones eran ciertas y todavía está por ver si hay alguna que no lo era.

Nunca he aceptado que con aquel “España es diferente”, en aras del turismo acuñado por Manuel Fraga durante su etapa de ministro en los 60, se haya pretendido mediatizar y condicionar  de manera interesada a los ciudadanos de este país tan negativamente en cuanto a su sentido de la responsabilidad y la decencia. Nunca he creído que los españoles, franceses, alemanes, ingleses, italianos, daneses, portugueses o cualquier otro de lo que entendemos como sociedades democráticas, puedan tener una percepción distinta de la condición humana y no sean capaces de discernir entre el bien o el mal de la misma manera.

Por eso, ante semejantes tropelías, no podemos seguir permitiéndonos mirar hacia otro lado. El estado de derecho, la democracia y el pueblo soberano se merecen el máximo respeto de quienes han sido elegidos para dirimir su destino y de manera aún más especial de aquellos sobre los que ha recaído la tarea de conducir un país. Por lo que bien sea a través de una moción de censura, de la reprobación expresa del parlamento o de la expresión multitudinaria del pueblo es necesario, sin la mayor dilación, poner fin a un gobierno fruto de una formación política que durante años y años ha utilizado el poder de forma tan previsiblemente fraudulenta en su propio beneficio y que todavía hoy, a pesar de jactarse públicamente de ser el azote de la corrupción, vemos como una y otra vez utiliza los recursos del estado para torpedear la acción de la justicia.