Del empleo, las pensiones y otras zarandajas (I)

De un tiempo a esta parte el gobierno, las grandes empresas y, cómo no, sus voceras de parte, vienen repitiendo que la crisis debemos darla por finiquitada y que el crecimiento es un hecho consolidado. Según estos los datos macroeconómicos dan buena fe de ello y el descenso del desempleo así lo corrobora.

Con respecto a las cifras de la macroeconomía es posible que así sea. Es obvio que través de la devaluación salarial y del empleo los beneficios de las grandes empresas  se han incrementado. O lo que es lo mismo, el resultado de miles y miles de despidos y las más que sensibles rebajas salariales de los que han quedado, ineludiblemente ha de traducirse en un aumento de los beneficios en la mayoría de los casos, especialmente en este tipo de compañías donde una alteración en cualquiera de sus parámetros puede representar cifras millonarias. Una mejoría que se aprecia aún más en el caso de las retribuciones de los altos ejecutivos de las mismas, desde donde se sigue ensanchando la brecha salarial entre estos y los trabajadores de base. De hecho, los salarios de la alta dirección española se encuentran entre los más altos de Europa, alguno de ellos –como los banqueros-, incluso, liderando lo que podríamos llamar este triste ranking de la vergüenza. Vergüenza de ver como desde lo alto de sus atalayas, lejos del mundanal ruido de la realidad cotidiana, muchos van enviando al pozo del desempleo y de la miseria a decenas de miles de personas con el objetivo de mantener su estatus y privilegios.

En el caso del desempleo, la cuestión que más nos preocupa como así reflejan todas las encuestas, la situación es otra muy distinta y muy lejos de lo que se apunta. Es lo que se ha dado en llamar “la economía real”, es decir la que atañe de manera directa a la inmensa mayoría de las familias de este país.

Al margen de la singularidad de los datos del desempleo -un continuo descenso del número de parados que en ningún caso se ve compensado con el mismo número de altas en la Seguridad Social lo que se atribuye a la emigración, el desánimo y descarte de las oficinas de empleo como instrumento para la búsqueda de trabajo y otras causas de difícil justificación-, parecen quedar relegadas a un segundo plano ante la euforia de los datos, las características que subyacen en estas nuevas incorporaciones al mercado laboral y, en general, el nuevo modelo de precariedad vigente en el mismo.

Decía Ernesto Sábato que “al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización” y, lamentablemente, nada parece más lejos de la realidad. Porque la realidad que nos encontramos en el día a día, es que la mayor parte de esos puestos de trabajo que, según se dice, vienen a representar un síntoma de la citada mejoría económica, no pasan de tener carácter estacional, temporal y parcial. Y con unas retribuciones que no hacen más que corroborar el desprecio a la dignidad de las personas tal como hacía mención el autor argentino.

Creer que en España, en pleno SXXI, salarios de 400, 500, 600… euros mensuales, al amparo de un paupérrimo salario mínimo interprofesional fijado en 752.85 € euros (en 12 mensualidades), pueden generar un aumento del consumo y por ende el crecimiento y mejora de la economía de las familias, resulta sencillamente inimaginable. En cualquier caso, fuera de todo lugar, ya que en todos los países de nuestro entorno con un nivel de desarrollo similar y similares precios al consumo  –Francia, Reino Unido, Holanda, recientemente Alemania, etc.-, este mínimo salarial parte de posiciones mucho más elevadas.

 España es un país donde el tema de los salarios ha representado un problema casi endémico desde tiempo inmemorial a consecuencia de un modelo en que el estado, supuestamente, facilitaba una mayor protección a los trabajadores a cambio de salarios más bajos. O lo que es lo mismo, la empresa ahorraba una parte del salario de estos cara a un eventual despido que se traduciría en indemnizaciones cuando llegara el momento. El problema radicaba en que si, en condiciones normales, el trabajador se jubilaba o se marchaba voluntariamente de la empresa, dicho ahorro quedaba en beneficio de esta y en perjuicio del trabajador. En otros países europeos, por el contrario, esa protección sobre el despido era menor y dicho ahorro quedaba en manos de los trabajadores, lo que venía a representar salarios más altos y una capacidad de consumo mayor que, a la larga, promovía el desarrollo de la economía general. Es decir, la realidad nos demuestra que mientras en otros países se priorizaba el bien común, en España se ha puesto siempre el beneficio de la empresa por delante del de sus asalariados, potenciando así una clara y mayor diferenciación entre clases. Un esquema que se mantuvo más allá de la Transición, en pos del agrado de las clases dominantes, a cambio de la democratización del país y que se ha mantenido hasta la actualidad. Motivo por el cual resulta aún más dramático para la clase trabajadora que las condiciones de despido pretendan asimilarse ahora a las de otros países, con las sucesivas reformas laborales, mientras que la percepción salarial sigue manteniéndose en las mismas proporciones que antaño.

El desarrollo de estas políticas basadas en la mejora de la competitividad de nuestras empresas –cara al mercado exterior, lo que se ha dado en llamar “la achinización” del mercado laboral español-, a costa de la devaluación de los salarios contradice en cualquier caso la empírica de los datos. Según la apuesta del pensamiento neoliberal a mayor precariedad laboral, más empleo y, por ende en segunda entrega, mejores beneficios para todos. Sin embargo, a la vista del siguiente cuadro, no hay que ser un cualificado economista para darse cuenta del contado éxito de esa premisa.

Si comparamos esta gráfica con la anterior –en la primera no se incluyen aquellos estados donde no hay un salario mínimo regulado-, podemos comprobar fácilmente que no necesariamente a menor salario menos desempleo. Si no, más bien, podríamos decir lo contrario en líneas generales, por cuanto todos los países de similar desarrollo a España que encabezaban el ranking anterior tienen unos niveles de desempleo muy por debajo de los de este país. Además de otros, tal es el caso de Suecia, Austria, Dinamarca, etc. que sin tener un salario mínimo legislado también cuentan con mejores retribuciones que las españolas para los trabajadores de base, al mismo tiempo por lo general también, que mayor número de prestaciones y servicios sociales.

Es cierto que el SMI, hasta hace solo unos años, no dejaba de ser una referencia más que un dato relevante por el número de perceptores ya que, por lo general, la mayor parte de las retribuciones reales estaban por encima del mismo. Lo que del mismo modo podíamos aplicar–salvo en el caso de las rentas más elevadas como ya hemos comentado-, para el resto de países análogos al nuestro dentro del seno de la U.E. Sin embargo, desde el inicio de la crisis los salarios como manifiestan los datos de manera elocuente, si bien aumentaron al principio –una mera cuestión estadística al reducirse en primer lugar los empleos de carácter temporal y parcial-, han venido cayendo de forma paulatina.

Y es aquí donde aparece un nuevo problema: menos empleos y menores salarios, unidos a la pérdida de población ante la escasez de nacimientos y la salida del país de miles de personas en busca de una vida mejor, pone ineludiblemente en peligro el futuro, cada vez más inmediato, del sistema de pensiones…

Pero de eso, nos encargaremos en la segunda parte de esta historia…