¿Otro mundo es posible? El Pensamiento Único (II)

El Estado como creador de empleo.

Al margen de la cuestión de las privatizaciones, que serán objeto de análisis en otro capítulo, el estado tienen un extraordinario campo abierto para la creación de empleo que no es otro que el desarrollo del Estado del Bienestar que, en casos como el español queda muy lejos del alcanzado entre los 15 países de desarrollo similar de la U.E.

Comprobar esto es relativamente sencillo, bien a través de la frialdad de las cifras ya que la cantidad que se destina a gasto social en España no llega ni al 75 % de la media de lo que se gastan sus socios comunitarios en relación a sus respectivos PIB. O bien siendo un asiduo seguidor de programas televisivos como “Españoles por el mundo” (o cualquier otro de los que se exhiben en los canales autonómicos con la misma temática), para darnos cuenta de la enorme carestía en servicios sociales existente en nuestro país conforme a esos socios comunitarios. Los dos motivos principales para que se de este enorme diferencial son, por una parte, la falta de recursos que han ido destinando a ello los últimos gobiernos y de otra que el desarrollo del estado del bienestar en España no empezó a consolidarse hasta bien entrada la democracia ya que, durante el régimen anterior solo alcanzó cotas ridículas, dada la inspiración fascista de este al contemplarse claras distinciones entre las clases sociales.

Para colmo la ola neoliberal que empieza a afincarse en el continente en los 80 para acabar adueñándose del mismo a mediados de la década siguiente, hace que el gasto social empiece a recular sobremanera en la mayor parte de los países europeos. Lo que constituirá un mayor perjuicio en el caso español ya que a nuestro estado del bienestar no le había dado tiempo suficiente para alcanzar un desarrollo equiparable al de sus vecinos. Para que nos hagamos una idea, si en España el número de trabajadores empleados en todos los servicios públicos de su estado del bienestar –guarderías, colegios, hospitales, servicios sociales en general, etc.-, fuera equivalente a los que emplea Suecia, en el otro extremo de la balanza dentro de la U.E., prácticamente desaparecería el desempleo.

En la actualidad resulta impensable un acercamiento a estos postulados, siquiera a la media europea, por parte de ninguno de los partidos mayoritarios, -todos liberales o neoliberales-, del arco parlamentario español. Argumentos como el déficit público o la deuda, tan aireados últimamente, y la mercado-dependencia de los tiburones de las finanzas mundiales, están resultando una excusa perfecta  no ya para el desarrollo de este tipo de servicios públicos sino para la destrucción de los existentes. Los beneficiados del desmantelamiento del sistema no serán otros, lógicamente, que las empresas privadas con servicios similares a los mismos, es decir mutuas, aseguradoras médicas y cualquier tipo de institución o empresa de carácter privado que puedan servirse de las necesidades básicas de la población para seguir engordando sus arcas.

La corrección de este disparate o, al menos la desaceleración del mismo, resultaría de aplicar unas medidas fiscales que ya son de pleno uso en la U.E. Para que lo entendamos más fácilmente lo que se trataría es de equiparar las cargas fiscales que soportan las clases altas españolas en la misma proporción que lo hacen los países más desarrollados de la U.E. La carga fiscal que recae sobre la clase media española –la real no la de las encuestas-, y la clase trabajadora resulta de un porcentaje similar al de la media europea, mientras que la aportación que hacen las clases dominantes no llega ni a una tercera parte de su equivalente entre nuestros vecinos. Este, que es un dato fácilmente contrastable y refutado por numerosos especialistas, ha llevado a estimar al profesor Vicenç Navarro, tomando nuevamente como ejemplo al modelo sueco, que el estado recaudaría por este procedimiento, 200.000 millones de euros más al año, lo que serviría para sufragar los gastos del personal necesario para cubrir todos esos servicios inherentes al estado del bienestar dentro de la cosa pública.

Ya analizamos, en el capítulo anterior, como el supuesto objetivo de reducir a la mínima expresión la carga fiscal sobre las clases altas con la intención de que estas se vieran incentivadas a la creación de industrias y puestos de trabajo ha sido un absoluto fracaso, al desviarse el interés de estas hacía la economía especulativa en detrimento de la economía productiva. Por tanto y visto el fracaso de esa filosofía en todo el mundo desarrollado es insultante para el resto de los integrantes de las otras clases sociales que los beneficiarios de esas grandes fortunas no aporten cuanto deban al bien común, máxime en España donde coexisten los salarios más bajos de la UE-15 con los salarios más altos para los ejecutivos de las grandes empresas de toda la Unión Europea.