La falacia de la derecha (II)

No hay mejor botón de muestra de los desastrosos resultados de toda esta filosofía que los casos de Irlanda y España. Por su parte, Irlanda fue durante toda esta etapa de histeria colectiva considerada el modelo a seguir por el resto de sus socios europeos. El país con el menor control público y fiscal sobre las empresas –de hecho tienen fijado en su territorio las sedes de numerosas compañías multinacionales de primer orden-, con el menor gasto público posible, con el menor número de empresas públicas y un sinfín de etcéteras que propiciaron la consolidación de las tesis neoliberales como un patrón para sus vecinos del continente. Hoy resultado de todo esto, Irlanda ha tenido que ser uno de los primeros países intervenidos por la U.E. ante la evidencia de su quiebra. Es más, en el colmo de su propia contrariedad con respecto a sus planteamientos ideológicos, el gobierno irlandés puso tanto dinero para salvar a alguno de sus bancos que acabo nacionalizándolos.

Fueron argumentos de esa misma ideología los que irrumpieron en España, al amparo de un Ministro de Economía de corte liberal, vestido de socialdemócrata, como fue el caso de Pedro Solbes durante su etapa en el último gobierno de Felipe González. Fue la primera entrega de un modo de entender la economía que recogió de buena manera el Partido Popular cuando ganó las elecciones de 1996. Realmente Solbes se lo había puesto en bandeja al ejecutar un modelo que, dogmáticamente desde una óptica ultra-liberal, le venía como anillo al dedo al gobierno de Aznar y que ya asimilaban igualmente sus homólogos europeos en la mayoría de los países comunitarios. De uno u otro modo ese mismo proyecto basado en los fundamentos del neoliberalismo es el que acabaría arrollando en Europa desde finales del siglo pasado, del mismo modo que ya lo venía haciendo en los EE.UU. con su presidente Georges W. Bush a la cabeza.

De inmediato, el PP de José Mª. Aznar, empezó a lanzar órdagos de todo tipo contra todo aquello que representaba lo público con la justificación de fomentar la competitividad en la economía española, siguiendo fielmente los consejos del Consenso de Washington y los postulados neoliberales. Se aumentaron los impuestos indirectos como los impuestos especiales para compensar las rebajas fiscales a las sociedades con la fracasada intención de que la industria no huyera de España, como lo estaba haciendo del resto de los países desarrollados, a otras regiones del mundo con paupérrimas condiciones laborales. Se primaron del mismo modo las rentas del capital en detrimento de las rentas del trabajo. Se privatizaron las principales empresas públicas españolas, las auténticas joyas de la corona, en lo que desde el punto de vista neoliberal se entiende liberar al estado de una carga, aún esta reporte beneficios al mismo. Algunas de las mismas acabarían cayendo en buena parte en manos extranjeras –después de algunos sospechosos procesos de privatización, como fuera el caso de Tabacalera-, y fueron causa de millares de despidos, aún sin haber dejado de presentar beneficios en ningún momento. Se liberaron y desregularon muchos de los controles existentes sobre los diferentes sectores de la industria, las finanzas y el comercio, siempre con la justificación de la mejora de la competitividad aún se acometieran todo tipo de tropelías. Igualmente, con ese mismo razonamiento y como en el caso de la congelación salarial a los funcionarios con miras al recorte del gasto público, se siguió una política de moderación salarial en la clase trabajadora que hizo que las rentas altas aumentarán enormemente su diferencial con respecto a las mismas. De hecho "España es el único país de la OCDE donde no tuvieron un crecimiento real los salarios en el periodo 1995-2005" (“Hay Alternativas”, V. Navarro, J. Torres y A. Garzón. Ed. Sequitur, 2011).  Por lo que mientras los precios subían y subían, consecuencia de la economía especulativa, la clase trabajadora perdía cada vez más poder adquisitivo. Para compensar esto se fomentó el culto por el crédito de una forma absolutamente alocada sin el menor control por parte de las autoridades económicas de las entidades de créditos, bancos, cajas y financieras. Si bien muchos de estos eran producto de la necesidad debido a la congelación de los salarios y el aumento de los precios, lo que significaba un auténtico botín para los bancos, estos facilitaban préstamos por doquier de todo tipo, aún en circunstancias prácticamente inauditas de solvencia, que iban a hacer casi imposible imposible el devenir vital de las familias.

En el colmo de los desmanes, vista la imposibilidad común en todos los países de la futura eurozona de alcanzar los criterios de convergencia necesarios para dar a luz al euro en la fecha prevista, los diferentes gobiernos movieron aleatoriamente todos los parámetros necesarios para ello. El euro terminó alumbrando en aquellas sospechosas circunstancias  el 1 de Enero de 2002, pero es ahora cuando estamos padeciendo las consecuencias de tan arbitrario modo de actuar.