Con la iglesia hemos topado

Topar, nos topamos cada día con esperpénticas declaraciones de altos representantes de la jerarquía eclesiástica, como las del obispo de Alcalá, sobre la homosexualidad sin que sea la primera vez que el susodicho Juan Antonio Reig Pla utilice el primer púlpito que le venga en gana para exponer argumentos, cuanto menos, fuera de todo orden sobre lo que él entiende que son las relaciones humanas. Todo lo contrario en el caso de las débiles condenas, por parte de esa misma jerarquía, de delitos de cualquier índole cometidos por cualquiera de sus subordinados, más aún los flagrantes e innumerables casos de pederastia registrados en su seno, a lo largo y ancho de todo el mundo. En España los privilegios de la iglesia católica se remontan a tiempo inmemorial y perduran aún hoy en día y valga como ejemplo más reciente que la única partida presupuestaria, de esta denominada “economía de guerra” por parte de algún miembro del gobierno, que no ha sufrido recortes es la asignación de este a la iglesia católica.

El fenómeno de la iglesia católica, especialmente el de su alta jerarquía –cada vez más lejos de los movimientos de su iglesia de base-, es realmente singular después de más de 30 años de democracia. Tan singular como, por ejemplo, su extraordinaria implicación en la política, como si aquellos tiempos del nacional-catolicismo no formarán parte ya de un oscuro pasado así como su identificación de pleno con el Partido Popular, aunque muchos de sus integrantes e incluso dirigentes poco o nada tengan en lo personal un comportamiento de los que podría denominarse ejemplar para la cúpula eclesial. Valga como ejemplo aquella anecdótica imagen del gobierno de Aznar que contaba en su gabinete con un número mayor de divorciados y divorciadas o casados en segundas nupcias que el gabinete homólogo de su sucesor el presidente Zapatero.

Quizá el ejemplo más chirriante de su carrera en la España democrática haya sido su persistente oposición al aborto en cualquiera de sus supuestos, en contra de cualquier tipo de regulación al respecto y que ha echado a miles de personas a la calle durante las legislaturas del PSOE, con Felipe González y José L. Rodríguez Zapatero por este mismo motivo mientras que durante los 8 años del gobierno Aznar no convocara ninguna movilización al respecto –a pesar de que no se derogara la citada ley-, tal como está ocurriendo en la actualidad con el gobierno de Mariano Rajoy que, en el uso de su abrumadora mayoría parlamentaria, podía haber cambiado ya la Ley del aborto en un plis-plas, sin que, hasta ahora, esa misma jerarquía haya promovido nada al respecto.

No vamos a entrar ahora a describir el enorme patrimonio mobiliario e inmobiliario de la iglesia católica en España, sus grandes intereses en grupos financieros o medios de comunicación, así como el oscurantismo de esa especie de iglesia dentro de la iglesia con un poder tan inusitado como es el caso del Opus Dei. Ni tampoco por el contrario, en el otro lado de la balanza, la extraordinaria labor de alguna de sus instituciones y sus representantes aunque estos, por lo general no gocen del beneplácito de sus más altos representantes como ocurre en el resto del mundo. Pero sí que entendemos, desde el punto de vista de una correcta laicidad del estado, tal como se define en nuestra Carta Magna, que es necesaria ya una intervención “a la baja” en el manifiesto poder de la iglesia dentro de la sociedad española ya que no es posible admitir que en un contexto de crisis económica de tal envergadura como no se conoce en España desde los años 30 o 40, siga ésta gozando de numerosos privilegios en todos los ámbitos del estado tanto en lo eferente a subvenciones y ayudas como a las numerosas exenciones fiscales de que igualmente se beneficia la misma.

Una milenaria historia plagada de episodios donde la opulencia y magnificencia del alto clero han sido puestas de manifiesto, no puede perpetuarse en el tiempo gracias al beneplácito de una clase política que parece mucho más temerosa de este que la realidad que expresa, a simple vista, su propio pueblo. De hecho la reciente campaña de la iglesia católica para captar sacerdotes a cambio de un trabajo fijo, es una buena muestra de la falta de vocación de hecho entre los ciudadanos españoles a tal fin. En definitiva, el estado debería poner definitivamente en su verdadero sitio al estamento eclesiástico que no es otro que el del resto de confesiones que comparten el espacio público de este país. Ello no ha de ser óbice para entender que la iglesia católica regenta, por ejemplo, miles de colegios e institutos que suplen la perenne ineficiencia de la enseñanza pública en este aspecto pero ello debería ser entendido como una mera relación de colaboración, necesaria para el estado y suculenta para los bienes de la iglesia pero en un mismo plano de discusión.

Por último el estado, con su gobierno a la cabeza, no puede permanecer con esta actitud sumisa ante los devaneos chulescos de personalidades dentro del ámbito de la iglesia como los del Sr. Reig Pla que lo único que pueden hacer es echar una vez más leña al fuego en un contexto tan difícil como el actual y en el que tantas familias están pasando terribles dificultades. Sería un insultante agravio comparativo que ese nexo de unión que ha sabido utilizar tan particularmente la iglesia católica y que ha sido utilizado electoralmente en su beneficio por el Partido Popular permanezca impasible ante una situación de deterioro social como la que se está viviendo una gran parte de la sociedad española