La España de las Autonomías (II)

Adolfo Suarez

La Transición fue un proceso extraordinariamente complicado y que, en la práctica, puede decirse que duró hasta la llegada al gobierno de Felipe González con el PSOE en 1982. En medio de intentonas golpistas, una voraz crisis económica consecuencia de la crisis del petróleo del 73, una herencia plutocrática que se resistía a ceder sus parcelas de poder y para colmo la efervescencia de la violencia etarra, las aspiraciones nacionalistas volvieron a ponerse encima del tapete de una mesa, una vez más, con excesivas ataduras. Lo que se consideró, más por la propaganda –quizá incluso acertada en su momento-, una transición política modélica de un régimen militar a uno civil de carácter democrático, pudo verse al cabo de los años que tuvo numerosas imperfecciones que se han ido consumando con el devenir del tiempo y con las excesivas rigideces de una Constitución que los sucesivos gobiernos no se han atrevido a revisar. Pero la Transición fue la que fue y la labor de Adolfo Suarez, el primer ministro encargado a tal efecto por el monarca, fue encomiable intentando conciliar todas las partes. La democracia, como de costumbre, tuvo que poner una y otra vez la otra mejilla para poder sacar adelante un proyecto de nación que, de no haber sido así, la oligarquía dominante y el ejército jamás hubiesen permitido.

El nuevo Estado de las Autonomías lo que pretendía, por encima de todo, era de una obviedad incuestionable: acercar el gobierno al pueblo. Otra cosa muy distinta es que los procedimientos fueran los correctos, aunque como ya hemos dicho anteriormente, las difíciles circunstancias en las que tuvieron que tomarse esa serie de decisiones hicieron perder la objetividad y claridad suficiente para las mismas. La primera consecuencia de ello fue la insatisfacción generalizada de todas las partes, es decir tanto de las administraciones centrales posteriores como de las periféricas de cada una de las CC.AA. El acceso a las respectivas autonomía de una forma u otra según la región que se tratara, el modus operandi y organizativo de cada una, la autogestión recaudatoria y un sinfín de etcéteras convirtieron el mapa nacional político, administrativo y económico en un auténtico maremágnum de administraciones, cada una por su lado y con enormes duplicidades en numerosos casos. Tanto es así que hoy en día, más de dos décadas después de la aprobación de la actual Constitución, todavía haya CC.AA. que reclamen para sí derechos reconocidos y otorgados para otras.

La extrema debilidad en este sentido de los gobiernos sucesores de Suarez, tanto los de Felipe González, José Mª. Aznar y José L. Rodríguez Zapatero –algo empezó a atisbar este pero el peso de la crisis acabó superándolo-, ni han sabido, ni siquiera se han atrevido con contundencia a corregir debidamente los errores y deformaciones de un modelo administrativo mal distribuido, desorganizado y con unos costes desmesurados para las tesorerías tanto de las administraciones centrales como de las propias CC.AA. Tales desatinos han creado otro caldo de cultivo, espoleado ahora con más ahínco por la crisis económica, para los defensores de un modelo centralista a ultranza, casi a modo y semejanza  del antiguo régimen y que se resistieron siempre a aceptar la diversidad de los más de veinte siglos de historia de la península ibérica.

Riquezas como la lengua, la particular idiosincrasia de cada pueblo, su historia común y separada han de constituir un auténtico capital tanto para el desarrollo común de la sociedad como del conjunto de las naciones. En el mundo desarrollado existen tantos modelos de organización del estado como estados en sí. Y no, necesariamente, según los casos uno tendrá que ser mejor o peor que otros, siempre y cuando se considere la democracia y la libertad como el primero de sus fundamentos, ya que será esa misma personalidad de cada pueblo lo que habrá de determinarlo en cada momento. La losa de un miedo escénico promovido por casi 40 años de propaganda de la dictadura franquista en contra del respeto a la diversidad de los pueblos, y en pos de su perpetuidad en el poder, y una transición que no fue tan modélica -frustrada en su intento de romper por completo las ligaduras de un pasado reciente de represión, despotismo y autocracia-,  ha acabo deformando la objetividad de buena parte de la ciudadanía. Del mismo modo como ha ocurrido con otros regímenes autoritarios, tal son los  casos de Chile o Rusia o como acabará ocurriendo en Venezuela o Cuba, la larga persistencia del mismo todavía sigue extendiendo su sombra en muchas personas induciéndoles al desapego por la libertad.

Los redactores de la Constitución de 1978

Pero nada más lejos de la realidad, el modelo autonómico español es absolutamente válido y por ello fue refrendado por la inmensa mayoría de los españoles en el referéndum de la Constitución de 1978. Otra cosa muy distinta será la necesidad de perfeccionarlo como se merecen y corresponden las particularidades de cada uno de los pueblos que forman en su conjunto la identidad de España. Es obvio que las Diputaciones Provinciales perdieron su sentido –como ha ocurrido con el Senado, quizá los últimos reductos de pensiones agradecidas-, y habrá que subsanar otros muchos errores cometidos, pero no podemos renunciar a decidir por nosotros mismos quien será responsable de liderar nuestro destino de entre aquellos que comparten con nosotros nuestra tierra y nuestra vida.