¿Por qué votar a los malos?

Dicen todas las encuestas que por mucho que pueda envolver la corrupción a Mariano Rajoy o que sus políticas provoquen un perjuicio para la mayor parte de la ciudadanía, volverá a ganar las próximas elecciones. Otra cosa es que puede gobernar caso de que se produzcan alianzas entre otras formaciones pero sí que es cierto que todo parece indicar que el presidente peor valorado de la historia de la democracia española va a volver a alzarse con el éxito en su nuevo envite electoral.

¿Cómo es posible entonces que Mariano Rajoy, en su papel además de líder de un partido político con infinitos casos de corrupción en sus más altas instancias y que en la mayor parte de las grandes democracias europeas hubiera colapsado hace tiempo, pueda volver a ganar las elecciones? ¿Cómo admitir fenómenos como el del PSOE en Andalucía y sus tramas multimillonarias o el de Convergencia en Cataluña o, allende de los Pirineos, el de Berlusconi en Italia hasta hace bien poco? ¿Por qué, a pesar de los gravísimos perjuicios para la economía real y la política de un país, el electorado puede dar la confianza a unos personajes de estas características?

En 1995, la vice-primera ministra sueca, Mona Sahlin, tuvo que abandonar la política –aunque la retomaría años más tarde-, por el llamado “Caso Toblerone”. Se le acusó de haber hecho compras de carácter privado con su tarjeta de crédito oficial, entre ellas una tableta de la conocida marca, de ahí el nombre del affaire. Se defendió encarnizadamente de tales acusaciones y llegó incluso hasta los tribunales pero la presión popular hizo que renunciara a sus cargos, a pesar de su brillante carrera política en el partido socialdemócrata.

Por tres ocasiones fue nombrado primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, entre 1994 y 2011, y a lo largo de todo ese tiempo resultó acusado y condenado por incontables casos de corrupción en todas sus formas e incluso con graves acusaciones por prostitución –solo la crisis económica actual acabaría definitivamente con su carrera política-, y sin embargo, durante buena parte de ese periodo contó con el apoyo incondicional de su electorado.

Nueva Democracia, el partido conservador griego con la familia Karamanlis a la cabeza, que durante años falseo la tesorería del país de común acuerdo con Goldman Sachs, la todopoderosa banca de inversiones norteamericana mientras las autoridades de la UE miraban a otro lado dando lugar a uno de los gérmenes de la actual crisis griega, ha seguido contando con el beneplácito del pueblo griego hasta la llegada de la coalición Syriza al gobierno hace solo unos meses.

Al margen de otras cuestiones en la periferia del mismo, primeros espadas del Partido Popular en España están implicados en infinidad de procesos judiciales por delitos de todo tipo –fraude fiscal, malversación, prevaricación, financiación ilegal, etc.-, por lo que muchos de sus más altos responsables de los últimos años están encausados en los mismos e incluso el propio partido como tal está acusado formalmente de lucrarse de ello. Y, sin embargo Mariano Rajoy, presidente del partido y miembro de su cúpula durante décadas, sigue afirmando no haber estado al tanto de ello. Lo que en el mejor de los casos pondría en evidencia un grado de incompetencia inaudita, por cuanto delante de sus narices pasaban cientos de millones de euros de forma fraudulenta, dedicados a financiar la estructura de su partido y de paso influir en las decisiones de gobierno de este.  Solo durante la etapa del gobierno Aznar del que él mismo formó parte, 11 de 14 de sus ministros se hayan en entredicho por parte de la justicia. Sin embargo, a pesar de todo esto, Mariano Rajoy se perfila, independientemente de que después pueda gobernar o no a la vista de posibles coaliciones, como ganador de las próximas elecciones generales en España.

En Febrero de 2013, Chris Huhne del Partido Liberal, en coalición con los conservadores, ministro de energía del Reino Unido, dimitió de sus cargos cuando fue acusado de haber mentido sobe una multa de tráfico al habérsela imputado a su mujer. Los hechos habían ocurrido 10 años antes y se habían descubierto en ese momento a costa de una tumultuosa ruptura matrimonial. Aquel incidente, para evitar quedarse sin puntos en el permiso de conducir, le acabaría costando su carrera política.

Entre este último caso y el primero de la ministra sueca, hemos enmarcado los casos de Italia, Grecia y España donde aun siendo estos de una gravedad extraordinariamente superior a los de Suecia y el Reino Unido, apenas si han tenido repercusión en los implicados.  Cuáles son entonces las diferencias que se dan entre estos países para que en unos la corrupción pase factura, diríamos que a las mínimas de cambio, y en otros, apenas si tenga repercusiones políticas por muy aberrantes que sean sus actos.

Y no es suficiente ya con la maledicente excusa del “Arco Mediterráneo” o de "la Europa del sur", ya que, sin ir más lejos, en Portugal el Partido Socialista se perfilaba hace un año como claro ganador de las elecciones que se han celebrado recientemente en el país, consecuencia de la desafección popular contra el actual gobierno conservador por sus políticas neoliberales. Sin embargo el encarcelamiento de José Sócrates, antiguo primer ministro socialista por delitos de corrupción, a finales del pasado año, ha calado de tal manera en la opinión pública que en solo unos meses ha vuelto a colocar al partido conservador al frente de la nación tras unas elecciones donde la abstención ya alcanza el 43 % como consecuencia de la falta de confianza en sus políticos.

Habría que añadir también que a Italia –salvo algunas regiones con fuerte influencia de la Mafia-, Grecia y España, Transparencia Internacional –la única institución considerada que mide los niveles de corrupción en los distintos países-,  los cataloga con un nivel alto de corrupción pero no los considera como países corruptos en general. Es decir, en España, por poner el ejemplo más cercano, cuando hablamos de corrupción lo hacemos a nivel político pero las instituciones como tal no son consideradas víctimas de esa lacra. O lo que es lo mismo, en España no es moneda de cambio habitual pagar a un Guardia Civil para evitar una multa de tráfico ni sobornar a un funcionario por sacar adelante un expediente.

Existe numerosa bibliografía al respecto pero, podíamos concluir que son tres las causas comunes que hacen que en países como estos la corrupción no sea castigada por el electorado y que no suelen darse en los otros casos. La más importante, la actuación de los medios de comunicación al respecto, en segundo lugar las llamadas redes clientelares que se forman alrededor de cada partido y en tercer lugar las particularidades del modelo electoral que, según los casos, permite a los políticos corruptos que formen parte de las listas o fomenten la exclusión de fuerzas políticas menores menos afectadas por ese estigma.

No existe mayor evidencia de esto que el de la televisión italiana donde el emporio Berlusconi controla la mayor parte de la misma, pero en el caso de España que es el que más nos interesa y en referencia a los medios de comunicación, prensa, radio y televisión –ahora también los digitales-, estos se encuentran posicionados de manera muy parcial en sus pronunciamientos políticos y así se refleja continuamente en su discurso. Por ejemplo, al contrario de lo que ocurre en el Reino Unido donde la BBC sigue siendo un ejemplo de imparcialidad, en España tanto las televisiones públicas como privadas, aparecen claramente decantadas en el espectro político, ganando por goleada las que se sitúan a la derecha del tablero. Todo ello como consecuencia del control sobre las mismas de capital que nada tiene que ver con la profesión periodística.

En el caso de las televisiones públicas, es flagrante el intervencionismo de los diferentes gobiernos en las mismas. Casos como el de Canal Sur en Andalucía o como el de Telemadrid en la que, incluso, la propia Esperanza Aguirre mandó despedir a un periodista porque no le gustó como le hizo una entrevista, son prácticas que se han convertido casi en habituales. O el caso de TVE que, en uno de los pocos aciertos del gobierno Zapatero y gracias a una serie de reformas legales que impedían su control por parte del gobierno había gozado de cierta consideración por primera vez desde el inicio de la democracia, en la actualidad la televisión del estado ha quedado postrada nuevamente a los intereses del gobierno de turno, una vez modificada otra vez la norma para que este pueda ejercer todo el control sobre la misma.

Por otra parte, PSOE y PP que desde la desaparición de la UCD se han venido repartiendo el gobierno en España, han establecido una serie de redes clientelares en su entorno que han salido fortalecidas de sus respectivos gobiernos. O lo que es lo mismo, a cambio de financiación para el mantenimiento de sus estructuras organizativas, campañas electorales, etc, ambos partidos en su ejercicio del poder han establecido normas y leyes de manera parcial que han beneficiado a grandes empresas y corporaciones que, a su vez han utilizado de apoyo y soporte a los mismos. El pago a través de donaciones a los grandes partidos, a cambio de dichas prebendas, ha fortalecido la capacidad de manipulación mediática de estos promoviendo una clara labor de persuasión entre sus electores. Lo que ya se han encargado ambos, a través de la legislación desarrollada al respecto, de ocultar a los ciudadanos, impidiendo que dichas donaciones tengan carácter público y se conozca la identidad de los donantes.

Por último, tanto PP y PSOE han venido promulgando leyes, a lo largo de las últimas décadas, que han ido favoreciendo la consolidación del bipartidismo, impidiendo así la entrada o suficiente consideración de otras fuerzas políticas en la escena parlamentaria, con el objeto de evitar la censura pública que podrían ejercer las mismas sobre los primeros. La desaparición, en la práctica, de la Cámara Alta, el Senado,  como institución sancionadora de las propuestas de la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados, viene a consolidar tal afirmación. De hecho, solo la amplitud y profundidad de la actual crisis económica es la que ha permitido la entrada en liza de otras formaciones políticas como señalan las encuestas.

La permanente combinación de estas tres prácticas, impulsadas por la presencia de grandes dosis de aportaciones de capital interesado en la permanencia y potenciación del modelo,  coaccionando así la capacidad de maniobra de los dos principales partidos de gobierno, lastrados a su vez por la debilidad de sus responsables, ha calado de tal manera en buena parte del electorado la asunción de que tal diabólico estado de cosas resulta irresoluble.

En definitiva la extraordinaria capacidad de los medios de comunicación/persuasión, el aspecto crónico de una crisis económica que se ceba en las clases bajas y medias de la sociedad haciéndolas más vulnerables mientras enriquece a las más altas dotándolas de mayores cotas de poder, la mezquina ruindad  de buena parte de la clase política e incluso los errores fruto de su inexperiencia en las nuevas formaciones políticas sumados al carácter conservador de muchos ciudadanos adquirido con la edad –“más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”-, hace que fenómenos como el del Partido Popular, PSOE o Convergencia en cada caso, aun atravesando sus horas más bajas, sigan siendo las formaciones dominantes. De forma especial en países como España, donde todavía la democracia es fruto de juventud frente a siglos de historia en muchos de sus vecinos europeos.

Y que un personaje tan gris y atribulado como Mariano Rajoy pueda alzarse nuevamente con la victoria.