¿Crisis económica, política o el fin de la democracia?

Sin duda, no debe haber mejor parabién para cualquier gobierno que sus ciudadanos no hagan ruido alguno. Salvo en el caso de las dictaduras, que como bien dicen los que aún más que yo vivieron la nuestra, mientras no te salieras de la raya no habría lugar a que te echaran sus perros encima.

Pero, parece ser, que el gobierno de Mariano Rajoy, además de molesto –lo que habría de parecer comprensible ante tanta trifulca-,  no está dispuesto por la vía de la sinrazón y ahora también por decreto, a aceptar la más mínima crítica. Como ya comentábamos en un artículo anterior, el actual gobierno vista su incapacidad legal y constitucional por convertir en un delito penal el derecho a manifestarse libremente, ahora parece dispuesto, por vía administrativa, sacarse de la chistera un reguero de normas y sanciones que lo que vienen a promover es que los ciudadanos se manifiesten lejos del centro de las ciudades, si es posible cuanto más mejor y si no se les ve, mejor todavía.

Si a esto añadimos la permanente actitud de los principales responsables del gobierno y dirigentes del partido que lo sustenta con su persistente manera de echar balones fuera dándole la vuelta a los contenidos tratándonos como si fuéramos idiotas o, cuando no, dar la callada por respuesta ante las demandas de los medios de comunicación, lo que estamos presenciando en realidad es un retroceso de lo más absoluto en los principios que habrían de regir un país que se autodenomina democrático y así se recoge en su Carta Magna.

Y suma y sigue. La actitud de la justicia ante extremos como el de la infanta Cristina –esperemos que el monarca no vuelva a repetirse en el mensaje navideño con aquello de que “todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”-; esa misteriosa tecla de “borrado” que solo aparece  en las computadoras de los partidos políticos y sindicatos; el encausamiento sine die de políticos, politiquillos y personajes afines de toda casta y condición o el marañoso entramado entorno a las grandes compañías a la vista impunes ante la hacienda pública que ve como son cesados sus responsables antes que hacer entrar por el aro a las mismas, suman solo.  unas pocas reseñas más de entre otras muchas necedades de la vida pública, pero que, al fin y a la postre, lo que que ponen en entredicho son los valores más esenciales de la democracia.

Una vez más la última encuesta del CIS da buena cuenta de todo esto, situando a la corrupción como el segundo problema de este país, inmediatamente después la sangría del desempleo. Una imparable carrera de delirios, a cual más extravagante y despiadado  que solo el pueblo puede y debe parar de una vez por todas.

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.”

Montesquieu.