¿El fin de la monarquía?

Probablemente no.  A la vista de lo que han manifestado los principales dirigentes de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, en lo que puede ser la antesala de esa gran coalición entre ambos para que todo siga igual y nada cambie tras las próximas elecciones que se vayan avecinando, incapaces de otro modo de sustentar sus mayorías, se hace casi impensable que pueda haber la más mínima disposición por su parte a que el pueblo decida qué modelo de jefatura de estado quiere para su país.

 Sin entrar en cuestiones legalistas –se diría que la Constitución no contempla el método para establecer la sucesión a la corona si esta viene tras la abdicación-, al no existir una ley orgánica que regule los procedimientos al respecto, motivo por el cual se va a redactar de forma más que precipitada, se diría que hay unas prisas inusitadas por parte tanto del gobierno como del principal partido de la oposición por cerrar esta cuestión cuanto antes. Algo que, sin duda, resulta tan llamativo como las afirmaciones que han venido realizando durante todo el día esos mismos responsables, magnificando de la manera que están haciendo a la institución.

Lo que entra en absoluta contradicción con lo que el siguiente gráfico refleja, elaborado por el CIS –el principal y más válido órgano de consulta del gobierno-, del pasado mes de Mayo.

En el mismo la Monarquía suspende de forma clara –como lo viene haciendo desde hace 3 años-, a juicio de los ciudadanos y alcanzando un grado de popularidad de solo el 3.72 sobre una nota máxima posible de 10. El grado de descomposición general de las instituciones entre las que la familia real ha salido muy mal parada por los escándalos de la infanta Cristina y su esposo, las acciones –cacerías de elefantes incluidas- y dudosas amistades del rey, así como la consabida falta de transparencia sobre los gastos inherentes a la institución, han dado lugar a que esta venga siendo puesta en entredicho desde hace ya bastante tiempo. Por esto mismo no es de recibo que, ante la abdicación del rey, pueda negársele al pueblo que decida qué camino quiere seguir en lo referente a su modelo polítco para la Jefatura del Estado.

Esto no quiere decir, necesariamente, que la instauración de un modelo republicano en España sirva de manera directa para recuperar el empleo, salarios dignos, la justicia social, etc., pero sí que significaría un paso más por la profundización de la democracia y marcar definitivamente el camino para corresponder la voz del pueblo ante sus necesidades.  O, al menos, para eso se pensó la democracia y no para que una familia se perpetuara en el poder, por muy bien que lo hubiera hecho  en función de los atributos de sus obligaciones. Tampoco el ejemplo peregrino que suele esgrimirse, acerca de la idoneidad de la institución por cuanto países como Reino Unido, Holanda o los países escandinavos cuentan con modelos similares al español resulta sostenible ya que otros como Alemania, Francia, Italia o los EE.UU. su forma de gobierno es la república y, en cualquier caso, resultan estos claramente mayoritarios respecto a los primeros.

 El que un buen número de ciudadanos defiendan la república como modelo del estado no implica, como quiere de manera interesada hacerse creer, que se tenga que defenestrar la figura de Juan Carlos I por completo. No se le puede reprochar, en ningún modo, sus esfuerzos para restaurar un régimen democrático en España y su papel jugado en numerosos momentos durante la transición –con sus defectos y virtudes-. Por eso España podría decirse que ha sido durante estas últimas décadas mucho más “juancarlista” que monárquica, entre otras cosas, porque las monarquías en este país, a lo largo de toda su historia siempre vinieron impuestas y quedaron, del mismo modo, lejos del devenir de la ciudadanía.

Pero tampoco puede obviarse que no ya solo por una mera cuestión de ejemplaridad democrática –el pueblo ha de decidir en todo momento en qué persona debe recaer la responsabilidad de representarle al frente de la jefatura del estado-, si no que en los últimos años ese grado de deterioro que viene presentando la institución a todos los niveles resulta insoportable para el mantenimiento per se de la misma. A la hora de empezar a escribir estas líneas, más de 20.000 personas, según fuentes de la propia policía, han ocupado la Puerta del Sol de Madrid y otras muchas en plazas, calles y avenidas a lo largo y ancho de la geografía española e incluso en otras ciudades europeas, claman por el derecho a elegir el modelo de estado que creen mejor se ajuste a sus creencias y necesidades presentes y futuras. Y solo por la mediación de las redes sociales en unas horas, que es tanto como decir por la propia iniciativa popular.  O lo que es lo mismo, representan sin duda la punta de un iceberg mucho más grande del que hasta hace poco se pensaba.

El pueblo tiene derecho a decidir esta y otras muchas cosas. Y existen fórmulas explícitas para ello como son los referéndum, palabra que parece prácticamente proscrita en España. Este es un caso excepcional, nos jugamos mucho y sobre todo la credibilidad de nuestros gobernantes y junto a ellos la de los dos principales partidos políticos que se han alternado en el poder desde el fin de la Transición. Ver como mira hacia otro lado, asolado por la corrupción,  el Partido Popular puede resultar deplorable, pero al fin y al cabo sigue manteniéndose fiel a su particular ideario. Pero que un partido  que se declara en sus raíces republicano, supuesto adalid de la socialdemocracia, como lo es o lo era el PSOE, resulta poco menos que indecente que no atienda la posibilidad de que el pueblo decida en este caso su destino. Y, ambos, especialmente en un momento tan crítico para ellos, cuando la mayoría de los ciudadanos les han dado de forma tan manifiesta la espalda en las últimas elecciones haciéndoles responsables del grado de deterioro del país, en detrimento de la mayoría para beneficio de unos pocos.

Atentos.