¿Héroe o villano?

Ya dije que no iba a hablar de Camps y no voy a hacerlo.

No se si ocurre solo en España pero aquí tenemos la mala costumbre de hacer a todo el mundo santo cuando muere, aunque haya sido el peor bicho sobre la tierra. Quizá, del mismo modo, cada vez que un político, salpicado por diferentes corruptelas por no enterarse o no querer enterarse de nada aunque ocurran justo a su lado, dimite de su cargo pasa a la categoría de héroe del Olímpo parlamentario.

Una de las reivindicaciones del 15M más celebradas y aceptadas por el común de la ciudadanía es que los políticos imputados en causas judiciales por delitos de corrupción no puedan formar parte de las listas electorales. Desde que la Constitución Española en su art. 24.2, garantiza la presunción de inocencia, en el caso de los políticos, esta se interpreta en función del color que se trate. Es decir si el presunto corrupto es del partido rival no sirve la misma de nada ya que de inmediato se le exige su dimisión y, como poco, el que sea arrojado a los leones. Pero si se trata de un partenaire del propio la presunción de inocencia es llevada hasta el último extremo y si, llegado el caso, este presenta su cese será elevado a los altares y considerado víctima de un infausto complot.

Lo estamos viendo estos días pero si nos retrotraemos en la historia reciente encontraremos numerosos casos bajo el mismo símil. Si realmente se quiere dar la imagen de una regeneración democrática cierta de nuestra denostada clase política –desde hace tres años representan el tercer problema del país, por encima incluso del terrorismo, según las encuestas del CIS-, no ha lugar a medias tintas. No es precisa ninguna norma al canto para considerar falto de toda ética y moral que una persona inmersa en un determinado proceso judicial, más en el caso de delitos de corrupción, forme parte de una lista electoral y tratándose además de listas cerradas. Esto no le exime de la presunción de inocencia, es más, debería ser el propio partido, una vez probada la misma, quien promoviera ante quien corresponda las reparaciones oportunas. Pero, sin duda, peor aún ha de resultar verla salir de un cargo electo víctima de sus contenciosos judiciales.

Por mucho que la manipulación partidista y mediática quiera hacerlo parecer es inadmisible la imagen de un político envuelta en la sospecha, se trate de quien se trate y máxime  en puestos de cierta relevancia, que mantenga sus cargos públicos con total indiferencia a la justicia, a la que de un modo u otro también representa. No podemos pues poner como credenciales el cese o la dimisión de un político inmerso en suertes judiciales ni aun en el caso de haberlo hecho en el momento que se puso en tela de juicio la honradez de su persona, mucho peor si no lo hace hasta ser emplazado al banquillo de los acusados.

No se puede inculpar prematuramente a una persona, menos todavía de los delitos de sus subordinados, pero cuando estos le rozan el sayo debería abandonar sus responsabilidades públicas poniendo especial esmero en aclarar los hechos, su imagen y la de su partido. Por respeto a quienes le depositaron en las urnas su confianza. Ya tendrá tiempo, si esto es así, para recobrar esa misma confianza del pueblo que se la dio.