Es cierto que no puede eximirse de su completa responsabilidad al hipotecado ya que es este quien acepta libremente las condiciones del préstamo que le propone la entidad que se trate. Sobre todo cuando apremia ese deseo incontrolable por enraizar un patrimonio determinado aunque este quede al límite, por encima en muchos casos, de sus posibilidades reales. De su capacidad de endeudamiento que es el término más usado y manipulado a tales efectos. Pero no es menos cierto también que, llegados al extremo de la pérdida de la propiedad es el prestamista el que, además de haber recuperado ya una parte del crédito a través de las cuotas satisfechas hasta ese momento, consigue también el bien embargado que, cuando se trata de un patrimonio inmobiliario tiene un valor por encima del previamente tasado. Por lo tanto no ha moralmente lugar, una vez satisfecha en metálico parte de la deuda y ejecutado el embargo, a seguirle exigiendo al deudor que siga pagando la parte del crédito que pudiera haber quedado pendiente. Además de que, por lo general, carece de sentido exigir tal cosa si se ha sido incapaz de seguir pagando las cuotas hasta el extremo de perder su propiedad. Este sería pues el escenario habitual al margen de burbujas y otras tropelías en la esfera inmobiliaria.
Y esta idea fue la que debió inspirar el auto, del pasado mes de Diciembre, dictado por la Audiencia Prov. de Navarra en la que se eximía a un vecino de Estella a seguir pagando la deuda contraída por el mismo tras haberle sido embargada su vivienda. Lástima que no sentara tal decisión jurisprudencia y habrá que esperar a los recursos presentados por la entidad bancaria al entender que no se atenía a derecho dicha resolución.
Hoy, el escenario resulta del todo dantesco. Nos encontramos con miles y miles de personas que, aún sin eximirles de la responsabilidad que les compete, fueron embaucadas por una publicidad extraordinariamente agresiva –recordemos aquellas proposiciones de hipotecas a 40 y 50 años, tasaciones muy por encima del precio real bajo la responsabilidad de cajas y bancos, perversiones como incluir en el mismo crédito los muebles, el coche…-, entusiasmando a los prestatarios de que así podrían conseguir toda clase de anhelos, que les auparían a un estrato social más elevado. Se promovieron aspectos tan nocivos para las personas como la avaricia y la codicia que dieron lugar a una onda especulativa que hizo que el precio de la vivienda se disparara en España un 180 % en el periodo 1998-2007, ansiando convertirse cualquier pelanas en un tiburón de las finanzas.
La obsesión por el patrimonio en España viene de antaño y eso los bancos lo sabían muy bien. Durante el llamado “desarrollismo” en la década de los 60, España inicia un avance en lo económico auspiciado por varios factores, teniendo una importancia relevante entre ellos, la enorme magnitud adquirida por la construcción. Al grito de “antes propietario que proletario” se intentó favorecer la industria del ladrillo en beneficio de las clases dirigentes próximas al régimen y en detrimento de la doctrina del alquiler imperante en los países de nuestro entorno.
Ahora, como no podía ser de otro modo, los precios se han desplomado o, mejor dicho se están ajustando a la realidad del mercado inmobiliario y, en consecuencia, el crédito prestado es superior al del valor del inmueble hipotecado. Y ese era el riesgo que asumieron las entidades crediticias tan prolíficas entonces en conceder créditos a diestro y siniestro. Por ello, ahora menos que nunca, están dispuestas a admitir la dación de la propiedad como forma de pago y cancelación de la deuda pendiente. Las excusas que esgrimen tanto bancos como cajas –además de su corte mediática-, apenas se sostienen: aumento de los tipos de interés, créditos más difíciles, etc. Quizá sea el incremento de los alquileres en perjuicio de la compra de viviendas la principal preocupación a la larga de los bancos temiendo el descenso de las hipotecas en detrimento del componente más beneficioso para los mismos: la usura.
De ahí que, a pesar de lo dicho durante la última campaña electoral por protagonistas relevantes en los dos partidos mayoritarios –poco antes del inicio de la misma ambos votaron en el Congreso en contra de una proposición al respecto-, estos no estén dispuestos a conformar una ley proclive a la dación en el pago de la hipoteca, es decir -no nos cansaremos de repetirlo-, que sea el bien hipotecado el que cubra el resto pendiente del crédito en caso de embargo. Lo que, por otra parte, ha de resultar evidente vista la dependencia, tanto de los que gobiernan como de los que aspiran a hacerlo, de los bancos que les financian y les dirigen sus políticas económicas re-convertidos ahora en crueles mercados. Pero la dación en el pago es perfectamente posible y es una fórmula utilizada en países como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Además es lo realmente moral y ético, aunque estos sean términos que parezcan desaparecidos del diccionario político actual.
No hace mucho decía un juez en declaraciones a una cadena de radio, ante la actuación de las plataformas de indignados impidiendo la ejecución de los desahucios –hoy mismo se han hecho eco los medios del enorme despliegue policial para hacer efectivo un desalojo-, que ellos se limitaban a hacer cumplir la ley conforme a derecho aunque otra cosa muy distinta sea “que la ley este mal hecha pero para eso habrá de ser el poder legislativo el encargado de modificarla”. Visto lo visto mal podemos prever el futuro inmediato al respecto y quizá solo sea mediante la desobediencia civil, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, la única forma de convencer, a quienes corresponde, de tamaña injusticia como esta.
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