La manipulación mediática. (Cap. III)

También otro fenómeno que se da habitualmente entre estos tertulianos, elucubradores de la realidad, es hacer creer a los ciudadanos que ellos también son tan responsables de sus males como a los que responsabilizan de los mismos. Últimamente pretende imponerse la tesis de que “todos” hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y se pretende compartir a partes iguales la responsabilidad del desastre de los que los promovieron con los ciudadanos –de lo que tampoco se les puede eximir completamente-, que, enajenados  por todo el aparato propagandístico de los grandes medios de comunicación, bancos, entidades financieras, constructoras, fabricantes de automóviles y un sinfín de etcéteras les hicieron creer y propusieron a través de endiabladas fórmulas crediticias que “casi todo” podía estar al alcance de “casi todos”. Creando para ello una gigantesca y ficticia clase media donde quiere encuadrarse a la inmensa mayor parte de la población, aún con una divergencia absolutamente exagerada entre el volumen de ingresos de unos y otros.

El objetivo de esto no es otro que, como resultado a sus faltas, los ciudadanos en su conjunto habrán de soportar el peso de la crisis. Así pueden justificarse los consiguientes recortes sociales y del gasto público y la subida de impuestos de carga común como lo son por ejemplo el IVA o los denominados Impuestos Especiales. Lo que no se dice, por muy evidente que resulte, es que para una persona adinerada el que el coste de los productos de primera necesidad se encarezcan en dos, tres, cinco o diez puntos no representa prácticamente nada mientras que a otra de una clase social baja ese incremento en los precios puede representar un auténtico trastoque en su vida cotidiana. Pero, en cualquier caso, así se evita hablar de los paraísos fiscales y la extraordinaria cantidad de recursos, como ya hemos comentado, para eximir el pago o rebajar las cargas fiscales de las clases adineradas.

Una de las tesis que presentan estos medios de persuasión es el excesivo gasto de las administraciones públicas por lo que, continuamente, se están pidiendo los mencionados recortes con tal de aliviar la renombrada deuda. La deuda que, precisamente –eso es lo que menos se dice-, ha aumentado considerablemente en el estado al prestar ingentes cantidades de dinero a la banca privada para evitar su quiebra y a unos intereses bajísimos, que ahora esa misma banca ese mismo dinero lo procura nuevamente a las administraciones públicas que se lo prestaron pero a un interés mucho más alto. En definitiva otro negocio redondo más para  los bancos.

En cuanto al concepto del gasto la misma utilización de la palabra desde el punto de vista etimológico condiciona el pensamiento ciudadano e induce al mismo a creerlos innecesarios o cuanto menos exagerados. Si en vez de utilizar la palabra “gasto” volviera a utilizarse la de “servicio”, su carácter público generaría, sin duda, un mayor grado de satisfacción entre la ciudadanía. Como quiera de la utilización maniquea del concepto de gasto, se pretende situar en el mismo plano servicios como la seguridad social, la enseñanza o la sanidad que los gastos, por ejemplo derivados en vehículos oficiales, los salarios de los funcionarios o los casos de duplicidad en las administraciones. Así, metiendo todo en el mismo saco, se justifica la insostenibilidad del Estado del Bienestar, cuando realmente la suma de los costes de los  citados vehículos oficiales (aún sea exagerado el mismo), los salarios públicos (sus retribuciones son bastante más bajas de lo que se insinúan) o la duplicidad administrativa (en casos esporádicos), es proporcionalmente ridículo al del sostenimiento de las pensiones, la sanidad o  la enseñanza pública. Baste como ejemplo el caso español, donde las administraciones gestionadas por el PP, principal valedor de estas prácticas, desde hace varias legislaturas como las de reciente incorporación a su tutela, la reducción de dichos gastos ha sido más efectista que real en el contexto global de la economía de las mismas desde el inicio de la crisis.

Por otra parte, el tema del desempleo, es un argumento muy utilizado por la industria mediática y por los defensores de las posturas neoliberales para justificar tanto la quiebra del gobierno como las necesidades de una mayor flexibilización laboral, la moderación de los salarios, el aumento de la productividad a través de un mayor número de horas trabajadas etc. En primer lugar, habría que decir salvo en los casos de países o regiones que se han visto inmersas en una fuerte burbuja inmobiliaria tal es el caso de España o en Estados Unidos, Florida y California donde las tasas de desempleo se han disparado, en todos los países europeos y en general de los denominados del primer mundo, el paro ha aumentado en la misma proporción cuando en la inmensa mayoría de los mismos se han venido desarrollando políticas de carácter neoliberal en mayor o menor medida desde el inicio de la crisis.

Cuando se habla del desempleo se proponen como alternativas al mismo toda una serie de medidas basadas en reducir las condiciones laborales de los trabajadores y en la reducción de impuestos para las empresas pero en ningún caso se trata qué sectores de la industria y el comercio serán capaces de asumir tan ingente cantidad de mano de obra. Es decir, si nos paramos a analizar un momento estas proposiciones, resulta que para que un pequeño o mediano empresario, que son los que absorben la mayor parte del empleo en los países desarrollados, pueda incrementar su número de trabajadores bastará una reducción de sus gastos y costes laborales. O lo que es lo mismo que si rebajamos el total de dichos costes, por ejemplo en España, en 100, 200 o 300 euros mensuales que es lo que a lo sumo podrían rebajarse, dicho empresario podría contratar a algún trabajador más para su empresa. ¿Pero, a quien se quiere engañar? Aparte de la falsedad y estupidez de estas propuestas por cuanto lo que realmente se pretende con esas medidas es incrementar el beneficio de las empresas a costa de reducir los gastos de las mismas, es inaudito creer que la estructura actual de la industria y el mercado sea capaz de absorber la ingente mano de obra procedente de la deslocalización mayoritaria de la industria a favor de los países subdesarrollados y de las consecuencias de la mejor tecnificación de las mismas.

Peor aún cuando la producción industrial casi ha desaparecido y la cantidad de mano de obra empleada es directamente proporcional al volumen de consumo interno de un país. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, si las condiciones laborales de los trabajadores se deprecian esto reducirá sus posibilidades de consumo personal lo que acabará resultando un mayor agravio para las empresas como perceptoras del beneficio derivado de ese mismo consumo. Que este es precisamente el problema más acuciante de la presentada una y otra vez como modélica sociedad alemana. Desde prácticamente su proceso de reunificación, el beneficio del resultado de sus exportaciones solo repercute en una pequeña parte de la población, habiendo quedado el consumo interno reducido prácticamente a cero debido a las reducciones salariales –eso si pactadas entre patronal y sindicatos-, lo que ya está causando un importante descontento  social entre los ciudadanos.

La mejor y única solución viable para la captación de esa cantidad de mano de obra es la inversión pública, como ejemplarizó el New Deal en la Gran Depresión de los 30 en los Estados Unidos. Pero esto ya sabemos que resulta inadmisible en las políticas neoliberales por cuanto se necesitaría una correcta aplicación de la progresividad fiscal, un considerable mejor servicio de recaudación y una serie de medidas todas ellas en detrimento de la clase dominante por muy beneficiosas que resultasen para la parte más mayoritaria de la ciudadanía. Por poner un ejemplo, si en España las clases altas participaran fiscalmente en la misma proporción que lo hacen en Suecia –en el otro extremo de la balanza fiscal-, en sus aportaciones al estado, tal como ya casi lo hacen las clases medias y bajas españolas, solo el empleo que generaría la equiparación del Estado del Bienestar español al sueco, haría alcanzar el pleno empleo en nuestro país.