Leo y escucho muchos comentarios en la prensa, en internet, en la calle –hay que felicitar a la derecha mediática por ello-, por los que se le ha hecho creer a una gran parte de la población la siguiente máxima: “hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades y estamos pagando las consecuencia de ello, por tanto no se puede gastar lo que no se tiene”. Ya hemos hablado en alguna ocasión que no se puede meter en el mismo saco al embaucador que al embaucado. Considerando a bancos, financieras y financieros, politiquillos de tres al cuarto y todos sus respectivos aparatos propagandísticos entre los primeros y al resto de la población los segundos. Pero ese no es el tema que nos trae ahora. Lo que nos trae ciertamente ahora es si una persona puede o no, en un momento determinado, empeñarse en un crédito por tal o cual cosa o tal o cual menester y si al Estado, igualmente, puede mirársele desde la misma perspectiva.
En ambos casos, aunque en escalas completamente diferentes, hay que tener en cuenta un término que no es otro que lo que se denomina la “capacidad de endeudamiento” de la parte deudora. Es decir, cuando alguien pide un crédito para comprarse pongamos una casa, un coche, cualquier otro bien o para realizar una reforma de su vivienda o del local que se trate, lo hace –por lo general-, porque no dispone en ese momento de líquido suficiente para hacer frente a ese gasto o a la inversión que se trate. Lo que se llama capacidad de endeudamiento es la previsión que, en base a sus ingresos regulares, ha de hacerse el solicitante de una forma juiciosa para poder devolver dicho préstamo en el tiempo y forma acordado.
En el caso del Estado, sea del país que se trate, la primera obligación que contrae con su ciudadanía es la de proporcionarle todos los medios a su alcance para satisfacer sus necesidades básicas. Que es, lo que afortunadamente en el mundo que nos ha tocado vivir, se ha dado en llamar el Estado del Bienestar. Es decir la posibilidad de acceder a la educación, la sanidad, el empleo, la atención a la infancia, la dependencia a nuestros mayores, unas pensiones dignas, etcétera, priorizando dichos servicios desde lo público. Para ello, si el Estado ha de tener la necesidad de endeudarse y estarlo permanentemente para mantener unas garantías mínimas deberá hacerlo de forma irremediable pero completamente asumida y justificada. Así ocurre en todos los países que se precien de una atención digna a sus ciudadanos y así viene ocurriendo desde que terminó la 2ª. Guerra Mundial en Europa que, de ese modo, pudo construir el modelo social que ha alcanzado. Aunque en España se llegara tarde, de ahí su bajo desarrollo social con respecto a sus vecinos allende de los Pirineos, consecuencia al modelo franquista establecido, “de obligado cumplimiento”, durante casi cuatro décadas.
Por este motivo la capacidad de endeudamiento para un Estado que se precie de mantener un correcto Estado del Bienestar para su ciudadanía, es un concepto con una proyección y una carga completamente distinta al de las personas o empresas a título individual. El sostén básico que ha de permitir el desarrollo de este modelo de sociedad ha de estar asentado, principalmente, en la capacidad del estado para generar ingresos a través de los impuestos, una correcta capacidad recaudatoria de los mismos, los beneficios de las empresas públicas, sus bienes patrimoniales y un largo etc. Y en cuanto a los gastos estos han de regirse por criterios de austeridad debidamente controlados en todas las administraciones, empresas y funciones públicas en beneficio de esas garantías sociales. Esto no es óbice para que también tenga que recurrirse al crédito para el sostenimiento del sistema y de hecho así se ha venido haciendo de forma regular y sin excesivos problemas hasta finales siglo pasado.
El problema ha surgido con la adopción de las teorías neoliberales que asomaron en la década de los 70, se desarrollaron en los 80 y arrasaron con el modelo de sociedad establecido a finales de los 90. En consecuencia a esa filosofía, en las modernas economías occidentales, se fueron desregularizando y privatizando toda clase de sectores y servicios -incluso los más rentables para el estado-, las cargas fiscales fueron reduciéndose sensible y paulatinamente en las clases altas –permitiéndose además la fuga de billones y billones a los paraísos fiscales-, se alimentó, sin ningún tipo de miramientos, la promoción de una mala entendida globalización fundamentada en la deslocalización de la mayor parte de la industria de los países desarrollados hacia el lejano oriente y a los países en vías de desarrollo con miras a la reducción de los costes laborales para incrementar el beneficio de las grandes empresas. Asumiendo también el desarrollo de burbujas financieras e inmobiliarias de todo tipo con la más absoluta desinhibición por parte de las autoridades. En resultas, millones de desempleados tras la desaparición de sus puestos de trabajo por la asunción de un modelo económico basado en la economía especulativa y de capital y el consecuente aumento de los gastos del estado.
Si a todo esto añadimos que dichos estados han tenido que descapitalizarse, aportando ingentes cantidades de dinero procedentes de sus reservas, para salvar a las entidades bancarias del crash de 2008, consecuencia de la ficción financiera y crediticia creada por ellas mismas, es lo que nos ha llevado ahora a una situación de supuesta debilidad económica curiosamente determinada no ya solo por las fallidas políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos veinte años sino ante las exigencias de aquellos mismos que fueron salvados. Es decir, los diferentes gobiernos, tomaron la decisión de prestar el dinero de todos los ciudadanos, a unos intereses bajísimos a los bancos para evitarles su quiebra y ahora estos lo procuran con unos intereses exagerados.
En definitiva este modelo neoliberal nos ha llevado a una merma extraordinaria de una correcta y proporcionada recaudación fiscal en beneficio de las clases altas y detrimento de las clases medias y trabajadoras, una imponente fuga de capitales sin el menor control, un incremento exagerado del desempleo y, en el colmo de las torpezas, a una deuda con los tiburones de las finanzas –una especie insaciable-, a costa del dinero que entre todos les habíamos facilitado previamente.
Esta es la realidad al margen de cualquier otra maniobra mediática con la que intente disfrazarse. De hecho lo más obvio que cabe pensar de las actuaciones del dueto Merkel/Sarkozy –tan apreciados ahora en la UE y despreciados en sus propios países-, es que no defienden ni a sus ciudadanos y menos aún a sus vecinos europeos, sino lo que están haciendo es salvaguardar los intereses –salvar “el culo”-, de los bancos alemanes y franceses que son los principales prestamistas del continente.
De ahí que sea absolutamente disparatada, desproporcionada e infundada una reforma constitucional como la que pretenden el PP y el PSOE en España -conocidos ya como PPSOE-, que anteponga un modelo contable por encima de la vida de las personas en la norma fundamental. Y menos aún aprisa y corriendo de forma absolutamente injustificada, al margen de la opinión del pueblo ante una reforma de esta trascendencia –con el objeto primordial de… ¿detener la voracidad de los mercados?-, y con un parlamento desahuciado.
Una administración íntegra y cabal será la que habrá de mantener un modelo político, fiscal y financiero juicioso y necesario para el mantenimiento de un patrón social encaminado al bien común de todos sus conciudadanos. Y capaz de enfrentarse con seguridad y aplomo a las perversiones de un mercado plagado de hienas dispuestas a devorar todo lo que ceda a su paso.
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