Las privatizaciones de las empresas y servicios públicos.
Desde que el modelo neoliberal fue sembrando sus primeras semillas, allá por la década de los 70 hasta nuestros días, se tomó como uno de sus puntos de partida la privatización de las empresas y servicios públicos, en la premisa de que su funcionamiento sería mejor, los monopolios desaparecerían y los precios también serían más bajos al fomentarse la competitividad. Hoy, cuando estamos contemplando el fracaso del mismo y de la manera que ha arrastrado al mundo a una crisis en todos los órdenes de la sociedad como no se conocía desde la Gran Depresión de los 30, podemos aseverar que esta verdad absoluta sobre la dicha de las privatizaciones no ha sido respaldada con el éxito generalizado que de ellas se esperaba.
En primer lugar por los que, en su día, se denominaron monopolios que hoy se han constituido en auténticos oligopolios en manos privadas que, con su dominio del mercado, han encarecido los precios a los consumidores en un claro abuso de su posición. Tal es el caso en España de Repsol, Gas Natural, Telefónica o Endesa –aunque, curiosamente, ahora pertenezca esta última una empresa semipública italiana, Enel-. Además las condiciones laborales se han deteriorado para la clase trabajadora mientras que una nueva clase de ejecutivos se han puesto sueldos multimillonarios recolocándose desde las antiguas empresas públicas. Como por ejemplo César Alierta, actual presidente de Telefónica que en su día fue acusado judicialmente por utilizar información privilegiada en beneficio propio durante la privatización de Tabacalera, cuando era presidente de la misma. Al final del proceso logró la absolución por haber prescrito el delito. Precisamente Telefónica –por cierto la tele-operadora más cara de Europa-, en un alarde de prepotencia y demagogia sin precedentes, según anuncio la primavera pasada, va a despedir a más de 5.000 empleados mientras, a su vez, anunciaba un incremento de beneficios del 30.8 % -record en la empresa-, y el reparto entre sus ejecutivos de 450 millones de euros de esos mismos beneficios. A última hora parece ser que, tras un acuerdo con el estado, va a ser la propia Telefónica la que sufrague el seguro de desempleo de los despedidos pero… en la coyuntura actual ¿qué será de los mismos una vez agotada la prestación?
Además, si bien en el plazo inmediato, la administración que se trate percibe unos ingresos extraordinarios por la venta de empresas de su titularidad, en el medio y largo plazo los beneficios generados por las mismas habrán dejado de recaer en el erario público y por consiguiente en poco –solo vía impuestos y en el caso de que se recauden en la forma debida-, o nada redundaran en beneficio de dicha administración o lo que es lo mismo, del conjunto de la ciudadanía a la que representa.
Sin embargo y a pesar de todo esto tampoco sería lógico restringir completamente la posibilidad de que empresas públicas pasen a manos privadas sobre todo cuando se trate de garantizar su viabilidad o promueva un correcto desarrollo del mercado en igualdad de condiciones para todos. Nada que ver en el caso de los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, el transporte público, los servicios de limpieza, el abastecimiento de agua, etc. donde no debería permitirse que este tipo de prestaciones tan necesarias para la sociedad estén exclusivamente en manos privadas sujetas a los devaneos de las mismas y a pesar de ese supuesto control que las administraciones públicas dicen ejercer sobre ellas. Lo que, de forma empírica, ha quedado desmentido en numerosas ocasiones. Máxime cuando se trata de contratos a tan largo plazo que embargan al futuro de su comunidad.
Por otra parte, la privatización de estos servicios básicos, conlleva –aún en igualdad de condiciones-, un coste añadido más que los de la empresa pública, como es el margen de beneficio empresarial que habrá de reportar para sus propietarios o accionistas. Sin embargo la justificación más extendida para este modus operandi es que, el rendimiento de los empleados públicos es peor que el de los afectos al capital privado. Esta afirmación, aunque sea cierta en muchos casos, no puede más que considerarse una falacia por derecho ya que, si dicho rendimiento es menos eficiente, esto será responsabilidad tanto de los gestores del servicio como de los representantes públicos que los eligieron. Solucionar este problema es tan fácil como tener la voluntad política de hacerlo y nada más lejos de una consideración utópica ya que de hecho existen ejemplos de servicios sufragados con capital público que funcionan correctamente no solo en España sino a lo largo y ancho de toda Europa.
Por lo tanto, lo que si se puede considerar una falacia es que esta como otras necesidades promovidas desde la teoría neoliberal, aseveradas y refrendadas por instituciones tan renombradas como el FMI, no ha funcionado como se esperaba y ha acabado generando una deuda aún mayor a las administraciones públicas, coartando con ello el bienestar de los ciudadanos.
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