Un problema de educación

Cada día resulta más evidente el proceso de desmantelamiento en el que ha entrado el Estado del Bienestar. Y para ello nada mejor que empezar con el pilar más fundamental de un país como lo es la educación. Es evidente, si el acceso a una educación de calidad se va restringiendo a los ciudadanos, el nivel cultural disminuirá y la posibilidad de manipulación mediática para cualquier fin será mucho más fácil. Esto es tan evidente que, aunque sugiera un debate extenso tiene poco o nada de discutible. Pero ¿realmente esto es así?

Pues, lamentablemente, los datos son apabullantes y todo apunta en la dirección de una reducción de la inversión en la enseñanza pública en beneficio de la enseñanza privada. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha reducido en 80 mill. de euros dicha inversión para destinarlos en ayudas a las familias que llevan a sus hijos a los costosos colegios privados –a pesar de que ello conlleve suponer un nivel de renta elevado en las mismas-. Mientras que en el total de las Comunidades Autónomas la reducción en los presupuestos para la educación pública alcanzará los 1.800 mill. de euros durante el presente año.

La visión que más clarifica esta cuestión es la manera en que se define el presupuesto destinado al proyecto educativo. Quien entienda la educación como un gasto acabará reduciendo las aportaciones a la escuela pública y quien entienda la educación como una inversión de futuro para el desarrollo del país, la estimulará continuamente. Es tan fácil como eso. Lo demás son disquisiciones, por lo general interesadas, en función a la presión de determinados lobbys como puedan serlo empresas privadas del sector y particularmente la iglesia que tiene enormes intereses al respecto tanto en lo económico como en lo pedagógico y dogmático.

España es, tradicionalmente, uno de los países de la UE-15 –los de similar desarrollo-, que menos ha invertido en educación. Basta dar un paseo por el campus de la Ciudad Universitaria de la Complutense de Madrid, una de las universidades más prestigiosas de España -aunque solo ocupa un puesto más allá del 200 en el ranking de las mejores universidades del mundo-, para darse cuenta de ello. Y si tenemos alguna persona cercana que nos cuente el estado de sus infraestructuras podríamos hasta llevarnos las manos a la cabeza debido a la enorme carencia de medios tanto humanos como materiales de que disponen alguna de sus más reputadas facultades.

El problema de la educación en España es cierto que viene de lejos. Es obvio que una dictadura de corte fascista donde se diferenciaba claramente el concepto de clase apoyada en el ideario del nacional-catolicismo, no es el escenario más favorable para un desarrollo amplio y objetivo de la cultura. Si a esto añadimos en primer lugar, que la transición política fue hecha por los mismos que dieron soporte a esta ideología, después, todo lo que tuvieron que ceder las fuerzas democráticas para poder restablecer la democracia en España y, por último, la irrupción y consolidación de las teorías de un liberalismo cuasi-decimonónico (el “laissez faire”, mínima intervención del estado en todos los ámbitos de la sociedad), poco más de una década después del fin del régimen, es de suponer que todo esto trajera como consecuencia un menoscabo en el desarrollo de las estructuras educativas del país en relación a otros países europeos con sociedades de más larga tradición democrática.

Del mismo modo, este desarrollo de los acontecimientos ha dado lugar a leyes de dudosa cualificación para un correcto funcionamiento de la red educativa a todos los niveles y que se han puesto en entredicho durante las sucesivas legislaturas que han transcurrido desde la llegada de la democracia. Además, aún admitiendo que cualquier norma es mejorable, se ha venido pasando por alto por la clase política en general –probablemente por cuestiones electoralistas-, uno de los factores más importantes y determinantes para un buen funcionamiento de la enseñanza y la labor educativa de los docentes y que ha sido y es, la actitud y aptitudes de los padres con sus hijos a estos respectos.

Durante la dictadura la mujer tenía un papel pasivo dentro de la sociedad española. E incluso ciertas normas legales la supeditaban a los deseos de su pareja, coartándole en cualquier caso su plena libertad de elección. Aunque este escenario se fuera relajando durante la agonía del régimen, lo cierto es que los designios de la mujer estaban marcados por el cuidado y atención completa a su marido, sus hijos y sus progenitores. Con la llegada de la democracia, la incorporación plena de la mujer al mundo laboral propició un avance extraordinario del país por cuanto su aportación al mismo. Llegado este caso, los países europeos con una larga tradición democrática, han contado desde hace décadas con un desarrollado estado social que les permite una buena adecuación del contexto familiar al mundo laboral facilitando el acceso a guarderías y escuelas de infancia públicas que preparan y predisponen debidamente tanto a los padres como a sus hijos a avatares futuros. Pero en España como hemos dicho, la herencia franquista, una transición difícil e incompleta, la ola de reformas que necesitó el país para adaptarse a los tiempos y la rápida consolidación del modelo neoliberal en la década de los 90 impidió el desarrollo de un eficiente Estado del Bienestar que diera una cobertura correcta a estos menesteres.

En consecuencia, la promoción interesada de una frenética marejada consumista y la falta de medios por parte del Estado, incapaz de promover una correcta conciliación entre la familia y el trabajo propició, no en todos pero sí en numerosos casos, que las familias tomarán la escuela primaria y secundaria como un mero jardín de infancia donde se recogían a sus hijos, dejando para el cuerpo docente no solo su cometido como tal sino labores de educación y conciencia que competen, casi en exclusiva, al entorno familiar. Es cierto que las diferentes leyes, con sus respectivas modificaciones, que han ido regulando la normativa educacional y de enseñanza, como ya hemos comentado, son manifiestamente mejorables pero, también no es menos cierto, que los alumnos que se han aplicado y han contado con las aportaciones suficientes tanto dentro del mencionado ámbito familiar como en el docente han adquirido, con el obligado esfuerzo, los conocimientos suficientes para su desarrollo intelectual.

Si a todas estas circunstancias añadimos la extraordinaria influencia del pensamiento liberal donde, como decíamos al principio, la enseñanza se considera un gasto y no una inversión de futuro en las personas y en el propio país, y la también citada marea consumista que empujó a dejar los estudios a infinidad de jóvenes para ganar dinero fácil en la construcción a la sombra de la burbuja inmobiliaria, tendremos un coctel que traerá como resultado un enorme fracaso escolar como el que asola a la sociedad española.

Por todo esto no solo no es admisible un recorte de presupuestos en la enseñanza, sino que es imprescindible dotar a la misma de los medios necesarios para que cualquier chico o chica con la capacidad suficiente pueda desarrollar sus habilidades y su capacidad intelectual de la mejor manera posible. Ello no redundará solo en su propio beneficio sino que sus aportaciones directas o indirectas a la comunidad acabarán promoviendo un desarrollo más eficiente de toda la sociedad. Lo que, en cualquier caso, no será óbice para una mejora constante y efectiva del sistema educativo, pero de lo que no podrá nunca eximirse el Estado será de su responsabilidad, si queda fuera del mismo a cualquier persona válida por carecer de medios efectivos.