Suspenso político.

Merece la pena detenerse un momento y escudriñar en las encuestas recientemente presentadas, por una parte por Metroscopia para El País y por la otra a las del CIS, una de ellas publicada a finales de Julio sobre un trabajo de campo realizado en 2011 y la otra hace solo unos días, donde de uno u otro modo se evalúa la actitud de los ciudadanos en relación a su intención de voto y sus consideraciones hacía  los políticos y el contexto actual en este mismo ámbito. En el primero de los casos vemos como el PP se desploma desde las últimas elecciones, aunque volvería a ganarlas pero en esta ocasión solo por mayoría simple. Lo que resulta más que significativo en un partido que desde hace más de una década mantenía impertérrita, aunque fuera de forma sorprendente, la fidelidad de sus votantes en cuantos procesos electorales se dieran en España y que, como dato curioso de nuestro singular sistema electoral le ha permitido, con prácticamente el mismo número de votos, gobernar en minoría, perder las elecciones u obtener el mayor rédito electoral de la historia de la democracia en unas elecciones generales, según se haya ido dando el caso. Por su parte el PSOE sigue sin levantar cabeza y es que, con toda probabilidad, el no haber cambiado las personas y solo el discurso es absolutamente insuficiente para que su electorado natural, mucho más autocrítico tradicionalmente que el de la derecha, vuelva a confiar en el mismo. Con más o menos altibajos IU y UpyD siguen subiendo en intención de voto pero, lo más llamativo es que el índice de abstención y votos en blanco sigue in-crescendo, una prueba del desapego de la ciudadanía por la política de lo que cabría culpabilizar de buena manera a sus representantes, a juzgar también por las bajas valoraciones personales a los políticos más destacados de la esfera pública.

Por lo que respecta a la primera encuesta del CIS, según la misma, son ya el 63 % de los ciudadanos españoles que, a la vista de la experiencia, preferirían un gobierno de tecnócratas. Sin embargo tal afirmación puede resultar contradictoria en relación a alguna de las respuestas obtenidas a otras cuestiones que se plantean en la misma encuesta. Por ejemplo, mientras 6 de cada diez personas confiarían el gobierno a tales gestores, 7 de cada diez opinan que el pueblo debe ser consultado con mayor frecuencia. La respuesta a tal disyuntiva no por obvia resulta menos preocupante, el pueblo está harto y se considera víctima de que los políticos no cumplan lo prometido, de sus corruptelas, de su despilfarro en banalidades u obras faraónicas para satisfacción de su ego o de su enorme desafección con el ciudadano de a pie, mucho más preocupados por las variables macroeconómicas que por el mismo. En definitiva, de que gobierne de espaldas al pueblo. A pesar de esto, es de suponer que si hubiera lugar a otros interrogantes a tales efectos sobre cómo y quién designaría a ese grupo de tecnócratas, en base a qué supuesto o planteamiento o que garantías habría en el mismo para no caer en la deriva del corporativismo fascista de la Italia de Mussolini o la autarquía franquista siguiente a la guerra civil, probablemente los resultados de dicha encuesta serían muy distintos.

En todo caso, lo que sí que ponen de manifiesto cada una de dichas encuestas es que queda meridianamente claro el grado de insatisfacción de los ciudadanos con la actual clase política, su manera de poner en evidencia la misma con gravísimos perjuicios a la ciudadanía y su falta de ética, moral y respeto ante esta, amén de la continua implantación hoy día de políticas de austeridad que amenazan su mera supervivencia. Peor aún cuando son las clases altas y dominantes las menos perjudicadas –si cabe hasta beneficiadas en muchos casos mediante reformas que fomentan la precariedad en el empleo y la merma de los salarios para la clase trabajadora o en el peor de los casos apenas si tienen repercusión alguna en su modus vivendi-, es decir cuando los recortes se realizan de abajo a arriba, cuando debería ser exactamente lo contrario. Y todo ello bajo los consabidos pretextos del “obligado cumplimiento”, “que es lo único que se puede hacer” o el habitual “no queda otra salida ya que de no hacer esto lo contrario sería mucho peor” ¿? Quizá si se le dijera al pueblo qué es lo contrario o qué podría ser peor que arrastrar, como se está haciendo, a una parte importante del mismo por debajo del umbral de la miseria, podría este dilucidar su destino.

Y no hablemos ya de ese nuevo mantra que hemos comentado en otras ocasiones del “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, ya que ni Ud. ni yo, probablemente, lo hayamos hecho y el que así ha actuado lo está pagando con creces. Mientras tanto, los inductores, se han marchado de rositas y muchos con la saca llena.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, va en la misma línea. Todos suspenden y, especialmente, el presidente del gobierno que ni siquiera llega al insuficiente. Por apuntar algo más, el arraigo en la clase política dominante de la ortodoxia liberal, desde la segunda mitad de los 90, y seguir a pie juntillas sus referencias en el Consenso de Washington, por las que las funciones del Estado como eje vertebrador de la sociedad en aras de la justicia y el bien común quedan reducidas a su mínima expresión, haciendo una vil dejación de tales funciones en detrimento de los servicios y prestaciones públicas, ha acabado dando lugar a la mayor crisis sistémica de nuestro tiempo por cuanto se ha beneficiado el valor de las rentas de capital y menospreciado el valor de las rentas del trabajo. Es decir, se han primado los beneficios por intereses y dividendos procedentes de la economía especulativa, mientras a la par se reducían y siguen reduciéndose los salarios de los trabajadores, víctimas del deterioro de la economía productiva. Y no es posible dejar de achacar en este sentido, la enorme responsabilidad contraída a tales efectos por los políticos de alto rango como gestores de los bienes del Estado y su compromiso directo con el pueblo.

Acabar con esta dinámica, a la que no parece ser ajeno ningún país de nuestro entorno, compete a dos partes. Por una a los ciudadanos que parecen cada vez más decididos a ello en virtud a los numerosos movimientos al respecto –aunque habrá que ver el calado y resultado que puedan tener los mismos-, y por otra a la propia clase política. Pero de esta casta, poco o nada cabe que esperar ya que hace años que las encuestas vienen manifestándose de la misma o similar manera y, como de costumbre, ha sido incapaz en la práctica, al margen de la palabrería parlamentaria, de hacer nada por rectificar.