España, la llave de Europa

A la hora de formar gobierno, lo que está ocurriendo en esta España nuestra tras las elecciones generales del pasado Diciembre, pone en evidencia dos hechos: uno, el periodo de adolescencia que todavía vive la democracia española en relación a sus vecinos de allende de los Pirineos y otra, consecuencia del primero, la clara inexperiencia ante los resultados de las mismas de los partidos que vienen ejerciendo un dominio absoluto en la esfera política desde la Transición.

Salvo las ayudas prestadas de forma esporádica por nacionalistas vascos y catalanes en momentos puntuales, los sucesivos gobiernos de la España reciente se han caracterizado por una sucesión de mayorías absolutas parlamentarias que, apoyadas en las peculiaridades del sistema electoral español, se han mantenido tan intratables como inamovibles en sus posiciones y que vinieron a culminar en el último gobierno del Partido Popular que, curiosamente, ha gozado de la mayoría absoluta más abultada de toda la democracia aun obteniendo menos votos que el anterior gobierno del PSOE que lo hizo con mayoría simple.

El solo hecho de cuestionar desde las filas del PP otras opciones de gobierno al margen de la lista más votada –recurso manifestado de forma machacona por este solo cuando tras la irrupción en el panorama político de Podemos y Ciudadanos todas las encuestas pronosticaban el fin de su mayoría absoluta-, no hace más que poner en evidencia su falta de madurez y su interés particular ante lo que ha de ser el normal funcionamiento de una democracia de representación parlamentaria como lo es la española y la mayoría de las que integran los países de la U.E. Otra cosa muy distinta sería que se tratara de un modelo de carácter presidencialista, al modo de las repúblicas americanas por poner un ejemplo, pero como no es el caso poner en duda, incluso y como se está insinuando desde algunos de sus altavoces hasta la capacidad de los electores, demuestra además de una ignorancia supina un intento de clara manipulación de la voluntad popular.

En nuestro actual modelo parlamentario, el pueblo lo que decide en las elecciones generales es quiénes serán los diputados que formarán parte de la llamada Cámara Baja, el Congreso, que habrán de decidir quién será presidente del gobierno, además de los representantes del Senado, la Cámara Alta, que como ya sabemos no tiene prácticamente atribuciones ya que la decisión última en materia legislativa siempre la toma el Congreso. De hecho, ni el presidente del gobierno ni sus ministros tienen que ser diputados o pertenecer a partido político alguno. Por lo tanto tanta validez legal como moral tendrá la elección que tomen los señores diputados porque, en cualquier caso, esta será la consecuencia de la suma de las decisiones adoptadas por los mismos legítimamente elegidos para ello por el pueblo. Algo que cae dentro de la más pura lógica ya que no tendría sentido alguno –el ejemplo más reciente de ello es lo ocurrido en Portugal-, que un gobierno pretendiera tutelar en absoluta minoría un país con la mayoría del parlamento elegido por el conjunto de la ciudadanía en su contra.

Por otra parte, desde hace algunos años y de manera muy interesada, se pretende desde las esferas del poder poner en entredicho los conceptos de izquierdas y derechas, desde el punto de vista ideológico. O lo que es lo mismo sepultar las ideologías en beneficio de una visión cortoplacista e individualista de nuestro modelo de sociedad. El desarrollo de los acontecimientos desde la caída del Muro de Berlín y el definitivo fin de la Guerra Fría, ha ambicionado y logrado en parte tal sofisma consecuencia del empuje de la ortodoxia liberal y al amparo de un momento de estabilidad mundial, echando por tierra las políticas  que se impulsaron tanto desde los partidos conservadores como progresistas de las grandes democracias europeas desde la posguerra.

Basadas estas en el Estado del Bienestar y un desarrollo sostenible que impidiera situaciones como las acaecidas en el primer tercio del SXX que acabaron dando lugar a la 2ª. Guerra Mundial, el advenimiento de una paz duradera proclamó el fin de ese modelo exitoso que tomaba como referencia la solidaridad y un crecimiento moderado, por otro donde la ingeniería financiera, la deslocalización de la industria y la regresión fiscal a los grandes capitales se convirtieran en adalides del nuevo mundo. Sus consecuencias saltaron a la vista con la crisis económica de 2007, que acabaría deviniendo en otra de carácter sistémico y que se ha convertido en crónica para las clases medias, depauperando por completo a las clases trabajadoras, mientras por el contrario asume la acumulación de la riqueza aportada por todas ellas cada vez en menos manos. Todos los datos ofrecen ese mismo resultado e incluso, informes como el reciente de Intermon Oxfam sobre el aumento de la desigualdad en el mundo y particularmente en España se advierten incuestionables mostrando con rotundidad como en el recién finalizado 2015, supuesto año del inicio de la tan manida recuperación en este país, los ingresos de las clases más altas han crecido un 15 %, el mismo porcentaje en el que han disminuido para el resto.

Viene a decir Alejandro Sanz que “la utopía es esa maravillosa línea del horizonte a la que por mucho que te acercas siempre queda tan lejos”, pero no es menos cierto que la pérdida de esa referencia ha hecho que la socialdemocracia clásica haya desvirtuado sus valores de tal modo que, en estas últimas décadas, ese contrapeso que ejercía sobre la teoría capitalista basada en el individualismo y las prácticas fisiocráticas –el laissez faire-, aplicadas a todos los aspectos de la sociedad, acabara desvaneciéndose contaminado por una fantasiosa  bonanza económica.

El modelo neoliberal, llevado a sus últimas consecuencias, el mismo que se ha apropiado de toda la escena económica y política española e internacional desde la década de los 90 del siglo pasado, ha dejado tras de sí un reparto cada vez más desigual de la riqueza generada en todo ese tiempo y una capacidad de influencia para mantener su estatus a toda costa que está poniendo en tela de juicio, incluso, los pilares de la democracia tal y como estamos viendo ahora en su intento de deslegitimar en España otras opciones de gobierno distintas de las que le permiten dar rienda suelta a sus ambiciones sin límites.

 Es obvio que lo que pueda ocurrir en España en los próximos meses, pueda estar provocando cierta incertidumbre entre la oligarquía financiera. Es más, a buen seguro, que no solo en ésta sí no también en buena parte de la cúpula de los grandes grupos transnacionales europeos.

El peso de España entre los, despectivamente llamados por sus siglas en inglés, PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), caso de que una coalición de izquierdas se otorgara el gobierno y desempolvara la socialdemocracia en su versión clásica, más aun junto al de su vecina Italia si el dubitativo Mateo Renzi decidiera por fin sumarse a ello, podría resultar un mazazo para la ortodoxia neoliberal reinante en Bruselas desde hace más de dos décadas. Un decidido primer intento para devolver el continente al camino que marcaran esas citadas políticas europeas de la posguerra basadas en un desarrollo sostenible, en el estado del bienestar y la solidaridad entre los pueblos tal y como quedaron refrendadas en el Tratado de Roma de 1957 que acabaría abriendo las puertas al Mercado Común.

De ahí todo el aparataje que se está desplegando desde los representantes de la horda neoliberal, tanto políticos como sus voceros mediáticos, en contra de posibles pactos o coaliciones políticas que puedan poner en entredicho su consumada ortodoxia. Mantener intimidada a la población en torno a salarios de miseria y una enorme precariedad laboral garantiza a los valedores de tales políticas un modelo económico basado en la máxima optimización de los beneficios, la migración de cerebros sur-norte, la flexibilidad fiscal para las grandes rentas del capital, y en general todas esas políticas que, desde que se iniciara la crisis en 2007, han destapado el objetivo de las mismas: acaparar los recursos y todas las cotas del poder por parte de poderosos grupos empresariales y financieros a costa del aumento de los desequilibrios sociales y un cada vez más desigual reparto de la riqueza.