Paraísos fiscales: la punta del iceberg

Los llamados “Papeles de Panamá”, como ya hemos referido en otras ocasiones, no han venido más que a poner en evidencia a sus partícipes, a buena parte de una ensimismada población mediatizada por los espurios intereses de grandes medios de comunicación y a los exabruptos de las grandes corporaciones industriales y financieras, los padrinos de los llamados mercados financieros y grandes rentistas en general que poco o nada aportan al bien común de sus respectivos países. Si acaso poco más allá del beneplácito de algunas donaciones, millonarias incluso si cabe, pero que realmente lo único que pretenden es ganarse “un pedazo de cielo”, entre sus continuos desvaríos en pos de una avaricia y codicia sin límites.

Ahora, un nuevo trabajo de Intermon Oxfam y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, se ha traducido en un extenso informe en el que entre otras veleidades nos hemos enterado que el número de empresas españolas con filiales en paraísos fiscales ha seguido aumentando durante la crisis cifrándose estas a final de 2014 en 891 sociedades. De acuerdo al informe todas las empresas del Ibex 35 tienen filiales en estos centros de la impudicia  mundial, donde han dispuesto a buen recaudo igualmente sus fortunas los grandes nombres del narcotráfico o la venta ilegal de armas.

En el caso de las firmas españolas donde más destaca su presencia es en Delaware, un diminuto estado de los EE.UU. que como otros casos representa una de esas singularidades en las que una parte de un país que no es un paraíso fiscal, permite tal anomalía dentro de su marco geográfico y político. Para hacernos una idea del caso, el edificio CT Corporation sito en Wilmington, capital del estado, tiene domiciliadas en el mismo más de 285.000 empresas. Por su parte, el Banco de Santander, como no podría ser de otro modo siendo la mayor entidad financiera nacional y una de las más importantes del mundo, es la que más filiales de este tipo tiene radicadas por todo lo largo y ancho del planeta (235 sociedades), aunque es precisamente aquí, en Delaware, donde tiene casi la mitad de ellas. Del mismo y previsible modo le siguen ACS, Iberdrola, Abengoa, BBVA y, en definitiva toda la flor y nata de la economía y finanzas nacionales. Por cierto muchas de ellas enfatizadas en numerosas ocasiones por un fervoroso espíritu patrio mientras con la otra mano ocultan sus beneficios a miles de kilómetros de distancia y de paso ahorran contribuir esa parte de sus tributos al erario nacional.

Por eso resulta cuanto menos irónico, por ser un poco indolente con el término, que no hace muchos días el presidente del BBVA, otro de nuestros brillantes bancos implicado en tales tramas, animara al próximo gobierno para que se reduzcan tanto los salarios como las prestaciones por desempleo en la ya reincidente versión de que ello representaría un beneficio para la economía española.  Una tesis que del mismo modo viene manteniendo ese engendro en el que se ha convertido el Fondo Monetario Internacional que además de no prevenir de la crisis económica solo ha encontrado como recurso a la misma extorsionar a los más débiles y permitir mayores licencias a los que más tienen dejando tras de sí los mayores desequilibrios sociales de épocas recientes, consecuencia todo ello de la pertinaz aplicación de sus políticas neoliberales.

Como si no fuera suficiente para este tipo de empresas con los enormes beneficios tributarios que les reportan algunos países de la propia Unión Europea, como es el caso de España, gozando de extraordinarias deducciones fiscales y aunque resulte en extremo difícil calcular cuánto dinero ocultan en esos territorios, las estimaciones más objetivas hablan de unos 20 billones de euros que acumulan y diluyen éstas con suma facilidad en auténticas marañas societarias. Hay que añadir también que la mayor parte de esa ingente suma de dinero se ha desviado a tan propicios destinos bajo procedimientos absolutamente legales que de una manera muy permisiva aceptan los gobiernos de sus países de origen a cambio de a saber que otras concesiones. Un montante difícil incluso de sopesar pero que es fácil de imaginar las enormes y positivas repercusiones que hubiera tenido si hubiera tributado debidamente donde debiera corresponderle. Y, lo más curioso, sin que se hubieran resentido de manera sensible las economías domésticas de sus propietarios y representantes.

Y no solo y con todo eso, el propio FMI ha cifrado ahora también en 1,7 billones de euros el coste, a primera vista, de la corrupción y los sobornos generalizados  en detrimento del desarrollo de todos los países.  Y ni que decir tiene quienes, en no pocos casos, habrán de estar detrás de tales desmanes…

En definitiva, estamos ante una crisis sistémica de todo un modelo político y económico desvirtuado en las últimas décadas. La solución a todo esto pasa, sin el menor género de dudas, no ya por un cambio de normas legales que corrijan tales defectos que también, si no muy especialmente por la voluntad política para erradicar en la mayor medida posible este tipo de conductas. Sin duda el llamado “perfil bajo” de la clase política que ha dirigido los destino de este país y, en general, de todo el mundo occidental en todo ese tiempo ha sido causa y parte del problema por lo que se hacen precisas nuevas formas e ideas capaz de devolver a la ciudadanía la dignidad y el respeto que se merece.