El fenómeno de la corrupción

Un año más TI, Transparencia Internacional, ha publicado su estudio sobre el Índice de percepción de la corrupción en los diferentes estados de todo el mundo que, aunque su metodología despierte ciertas dudas, es el más reconocido en líneas generales. En el mismo, España ha subido un puesto pero sigue estando entre los de la cola de la U.E.y, en cualquier caso, lejos de los primeros lugares que vienen a ocupar los de casi siempre, Dinamarca, Finlandia, etc.

Aunque ningún país quede libre de sospecha, lo que por otra parte habrá de resultar obvio, cada caso merecería un análisis particular en función de su tradiciones, usos y costumbres, al margen de la conocida tendencia del ser humano por la avaricia y la codicia, platos estos difícilmente conciliables con lo que debe ser la vocación por la política. Por poner algún ejemplo, en el caso italiano son las diferentes mafias italianas las que representan ese elemento diferenciador, tal como puedan serlo en EE.UU. los intereses y capacidades de las grandes corporaciones industriales. En el caso de España, ese rasgo que identifica el problema de la corrupción de manera especial es posible que haya que buscarlo por una parte en el legado del anterior régimen sobre una forma de hacer política y de otra la extraordinaria estructura, muy por encima de sus posibilidades, de los principales partidos políticos.

Cuando en la primera mitad de la década de los 70 parecía evidente que la dictadura no perdudaría mucho más allá de la muerte de Franco -especialmente tras el atentado y asesinato del delfín del general, el almirante Carrero Blanco-, la plutocracia y los tecnócratas del régimen que habían sostenido al mismo durante tanto tiempo empezaron a tomar posiciones ante la inminente venida de un nuevo modelo de Estado. Así fue, cuando después de la muerte del general la democracia comenzó a abrirse paso a pesar de la encarnizada oposición del núcleo duro del franquismo, como acabó apareciendo de entre sus ruinas la singular y popular figura del “demócrata de toda la vida”.

Los nuevos demócratas “de toda la vida”, procedían en su mayor parte de la clase dominante así como de protegidos de la misma dispuestos a mantener su status a toda costa tras la muerte de Franco. La camarilla política del régimen estaba presta en la agonía del mismo a mantener sus atributos más allá del fin de la dictadura, aún a fuerza de amenazas y, probablemente, fuera este el motivo por lo que la transición a la democracia se tradujera como una reforma y no como una ruptura, lo que ha acabado determinando buena parte de la salud institucional de este país. Una consecuencia más de eso que se ha dado en llamar “franquismo sociológico", o el fruto de casi cuatro décadas de persistencia de un régimen autocrático que, como en otros casos similares, necesitaba sustentarse en tres pilares fundamentales, la censura, la manipulación y el miedo que le permitieran perpetuarse en el tiempo. De hecho, todavía al día de hoy, casi cuarenta años después de la muerte del dictador ,las críticas al franquismo no dejan de producir cierto pudor en buena parte de la sociedad española -la Ley de Memoria Histórica es buen ejemplo de ello-, ahora que, además, parece este reverdecer viejos laureles a causa de la duración y profundidad de la crisis actual.

De una manera u otra, buena parte de la clase política bien en lo personal o desde las propias instituciones -consecuencia de su estructura, reglamentos y su propia operativa-, ha mantenido y sigue manteniendo un claro alejamiento de la realidad de la calle y con ello de la realidad social de los ciudadanos. Prueba de esto es la restringida facultad del pueblo cara a su participación en la vida política del país, quedando reducida en la práctica a las convocatorias electorales y donde la posibilidad de consultas populares vía referéndum esta casi descartada al contrario que en otras democracias avanzadas. De ahí ese clamor en favor de una democracia mucho más participativa en los últimos tiempos desde movimientos ciudadanos que como el 15M intentan romper definitivamente con ese legado.

Por otra parte las extraordinarias estructuras que en torno suyo han creado los partidos políticos, muy especialmente PP y PSOE, suponen tales costes que es imposible su mantenimiento solamente con las aportaciones de sus afiliados y de las subvenciones públicas propiciadas por sus resultados electorales. Es aquí donde aparece esa controvertida figura del donante que, en el caso español, la ley impide que se conozca su identidad y el volumen de su aportación. Dada la actual situación y el agravio comparativo que ello supone para con el resto de la ciudadanía, la mayoría de los grupos políticos han aprobado recientemente una nueva normativa al respecto que, aunque parece corregir ciertos desmanes, lo cierto es que sigue poniendo en evidencia la arbitrariedad e impunidad con la que cuentan los partidos políticos.

Consecuencia de dicha legislación y de las citadas mega-estructuras partidistas, no es de extrañar que los numerosos casos de corrupción en todos los niveles del área política español sean consecuencia de sus necesidades de financiación y que, en su caso, para los que queden al descubierto se propicien chivos expiatorios que sean los que, a cambio de un suculento botín, hayan asumido el riesgo y ventura de la operación. De ahí que estos casos se den con asiduidad por todo lo ancho y largo de la geografía nacional, especialmente durante los años de la burbuja inmobiliaria donde la sabida proliferación del dinero negro en la construcción favorecía a ambas partes. Por una a las constructoras haciendo su agosto a cosa de los conocidos “pelotazos urbanísticos” y de otra a los partidos prevaricando en favor de las mismas a costa del suelo público.

Si a esto añadimos la inutilidad de numerosas instituciones, auténticos cementerios de elefantes para políticos cuyo mantenimiento resulta más el fruto de un premio a sus servicios prestados al partido que por su verdadera utilidad pública, como son los casos más flagrantes del Senado y las Diputaciones Provinciales y las particularidades de sus condiciones salariales, no es de extrañar el grado de insatisfacción para con la clase política de la ciudadanía máxime en un entorno de crisis sistémica como el actual.

En definitiva, de no mediar la clara voluntad popular de exigir su activa participación en las decisiones políticas de calado a través de una mayor flexibilidad cara a las iniciativas populares y las necesarias convocatorias de referéndum y de no mediar una legislación que elimine la opacidad existente en las cuentas de los partidos políticos, mediante normas que exijan del mismo modo la mayor transparencia, difícilmente podrá la nación española superar el cáncer que para una democracia que se precie constituyen los continuos casos de corrupción en buena parte de los estamentos públicos de este país.

“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia” (Theodore Roosevelt)